Indonesia ejecuta a un reo brasileño condenado por tráfico de drogas

  • El brasileño Marco Archer Cardoso Moreira fue ejecutado hoy en Indonesia, tras pasar más de una década en el "corredor de la muerte" por narcotráfico, a pesar de la petición de clemencia de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Bangkok, 18 ene.- El brasileño Marco Archer Cardoso Moreira fue ejecutado hoy en Indonesia, tras pasar más de una década en el "corredor de la muerte" por narcotráfico, a pesar de la petición de clemencia de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Moreira, de 53 años, fue ajusticiado cerca de las 00.45 hora local (17.45 GMT del sábado) ante un pelotón de fusilamiento junto con otros cinco condenados a muerte en la penitenciaria de Nusakambangan, en la isla de Java, informó el canal de televisión TV ONE.

La presidenta de Brasil llamó el viernes por teléfono a su homólogo indonesio, Joko Widodo, para abogar por la vida de Moreira, detenido en 2003 en el aeropuerto de Yakarta cuando intentaba ingresar al país con 13,4 kilos de cocaína escondidos en los tubos de un ala delta.

Widodo, que ha insistido en que no perdonaría las condenas a muerte por delitos relacionados con el tráfico de drogas, respondió que "no podría conmutar la sentencia" pues se han cumplido todos los trámites legales.

Antes de la ejecución, el fiscal general de Indonesia, Praseyto, dijo que el 30 de diciembre fueron rechazadas las peticiones de clemencia para seis condenados a muerte -un indonesio, un holandés, dos nigerianos y un vietnamita, además del brasileño-, todos ellos por un delito de tráfico de drogas.

"Esto enviará un mensaje a los miembros de los sindicatos de la droga. No hay clemencia para los traficantes", indicó el fiscal general.

Las de hoy fueron las primeras de las 20 ejecuciones que las autoridades indonesias planean llevar a cabo este año después de que en 2014 no ajusticiaran a ningún preso y pese a nuevas peticiones de clemencia de última hora.

Amnistía Internacional (AI) reclamó una moratoria de la pena de muerte a Widodo, que tomó posesión del cargo en octubre y ha sido considerado por muchos activistas como una esperanza de un cambio en el país.

"El nuevo Gobierno indonesio juró el cargo con la promesa de mejorar el respeto por los derechos humanos, pero proceder con estas ejecuciones sería un movimiento regresivo", dijo el director de AI en Asia, Rupert Abbott.

Una docena de organizaciones locales dedicadas a la atención de toxicómanos también enviaron una carta al presidente indonesio en la que le pidiéndole también que pospusiese las ejecuciones.

Uno de los firmantes, el fundador de Fortalecimiento y Acción por la Justicia, Rudhy Wedhasmara, dijo que la solución al tráfico de drogas no es la pena de muerte, cuyas víctimas, dijo, son personas en una posición débil y vulnerable, y no los jefes de las redes de tráfico.

"El Estado no debería poner la carga de su fracaso en la lucha contra la droga en la pena de muerte. Por aquellos que sabemos y sentimos realmente los efectos dañinos del tráfico ilícito, queremos que este sea combatido sin causar la muerte", dijo Wedhasmara, según el portal indonesio "Kompas".

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