Jueves, 19.09.2019 - 13:01 h
Según las pesquisas de la UCO

Indra se enreda en el entramado del PP por pagos a los empresarios de la caja 'B'

Anticorrupción pide su imputación porque retribuyó por orden de Ignacio González a empresas vinculadas a las campañas electorales de 2007 y 2011.

Indra
El exCeo de Indra ya señaló presiones de Salvador Victoria para efectuar pagos. / L.I.

La multinacional Indra afronta un septiembre negro en el ámbito judicial después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido su imputación como persona jurídica junto con la del expresidente Javier Monzón en el marco de la trama Púnica. Pese a que en toda la investigación no se ha actuado contra la consultora, su nombre sí ha aparecido en muchas ocasiones en estos años por tratarse de la empresa de la que se valieron altos cargos del Gobierno madrileño entre 2010 y 2013 para retribuir a los empresarios cercanos al partido que financiaron en 'B' las campañas electorales de la formación. 

Así se recoge en uno de los últimos informes de la UCO de la Guardia Civil incorporados a la causa, según el cual desde la compañía se canalizaron pagos a las empresas de Óscar Sánchez Moyano (Formaselect) y de Juan Miguel Madoz (Swat). Estos dos ejecutivos son señalados por los agentes como las personas que costearon con dinero opaco los gastos electorales de los comicios autonómicos de 2007 y 2011 en los que Esperanza Aguirre obtuvo la victoria para el PP en la Comunidad de Madrid. 

De acuerdo con el informe de la policía judicial, al que ha tenido acceso este diario, el 99% de los ingresos que justificó en 2012 el entramado empresarial de Sánchez Moyano procedía de Indra, lo que vendría a justificar los pagos ordenados desde la cúpula del Ejecutivo regional. De hecho, los agentes se hacen eco de una serie de reuniones celebradas en esas fechas tanto en la Asamblea de Madrid como en la propia sede de Indra. En las mismas participaron muchos de los implicados en esta parte de la investigación de la trama Púnica, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González para el que también se pide la imputación.

Facturas ficticias superiores al millón de euros

De hecho, la UCO explica que en dichos encuentros también intervino José Martínez Nicolás, entonces consejero delegado de la la Agencia de Informática y Comunicación (ICM). Se refieren los agentes al ya famoso encargo que, según uno de los denunciantes de esta trama, hizo Ignacio González acerca de que consiguiera alrededor de un millón de euros para sanear las cuentas del PP regional; encomienda que se supone se debía acometer inflando los contratos que la Comunidad de Madrid tenía con PwC o Indra. 

En lo que respecta a Sánchez Moyano y Madof, los investigadores consiguieron contrastar cómo los empresarios implicados en esta red de financiación opaca ofertaron servicios a Indra en el año 2012 por importe total de 1,13 millones de euros. Siguiendo la dinámica trazada, esos servicios encargados por sociedades como Formaselect nunca llegaron a realizarse por lo que en realidad se trataron de facturas falsas en las que se apoyó la multinacional para retribuir a los empresarios afines al PP de Aguirre y González. 

La Policía Judicial no solo se ampara en la documentación incautada a Indra y en los informes de la Agencia Tributaria sino también en la agenda personal de Ignacio González. En la misma apuntó una serie de reuniones en las que participó el empresario Madof, el exconsejero regional Borja Sarasola y otros imputados en la causa como el exresponsable del Departamento de Presidencia Salvador Victoria o la exdirectora de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego. De hecho, los agentes se amparan en la declaración que prestó Gallego como investigada ante el magistrado Manuel García Castellón para apuntar que en esas reuniones también participó Esperanza Aguirre. 

Sin embargo, la implicación de Indra en la trama no se ciñe exclusivamente a este capítulo concreto que recoge el último informe de la UCO incorporado a la causa. La empresa también fue empleada por el Gobierno del PP para abonar los pagos pendientes al informático y 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro. Tanto es así que el exconsejero delegado la entidad Javier de Andrés (ya investigado en la causa), admitió en sede judicial que recibió presiones por parte de Salvador Victoria para que abonara determinados pagos a las sociedades de De Pedro por los trabajos de reputación 'online' que se hicieron para altos cargos de la formación 'popular'. 

Sobre este asunto concreto se ha pronunciado el magistrado instructor de la macrocausa afirmando que efectivamente se efectuaron desembolsos de estas empresas a Eico (propiedad de De Pedro) y que los mismos estaban fraccionados en cuantías máximas de 21.000 euros. El empresario reclamaba ante Victoria que le sufragaran los gastos por las campañas 'online' que hizo a exconsejeros como el propio Victoria o Lucía Figar para neutralizar las informaciones negativas que circulaban en las redes cuando se acercaba un periodo electoral. El instructor expuso que estos contratos se adjudicaron 'a dedo' y, además, se costaron con dinero del Gobierno de Madrid pese a tratarse de campañas de mejora de imagen a título individual.

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