Moncloa está pisando el embrague para meter otra marcha e intentar recuperar la iniciativa política perdida tras las elecciones del 4-M y en un momento en el que el recido de la luz viene marcando registros récord, con el consiguiente problema social que supone. La estrategia que ha diseñado Pedro Sánchez y su reducido equipo de pretorianos pasa por pisar el acelerador en estas últimas seis semanas de curso político. Lo prioritario son los indultos, inminentes, que irán acompañados de una batería de leyes y medidas de marcado carácter progresista o de izquierdas. Se está escudriñando el calendario y se van tomando decisiones. Esta semana, por ejemplo, se prevén acumular varios hitos: las citadas doce medidas de gracia a los líderes del 'procés' condenados, la Ley del 'sólo sí es sí' y el anunciado fin de la obligatoridad de llevar mascarilla en exteriores.
Los motores de la coalición braman. Sánchez y Yolanda Díaz lo tienen ya negociado prácticamente todo. El asunto central son los indultos. Está todo listo en Moncloa para que se aprueben mañana martes. Este lunes Sánchez ofrece una conferencia en el Liceo de Barcelona ante la sociedad civil para exponer su 'Agenda para el Reencuentro 2.0'. Moncloa quiere ligar la decisión política a la economía y por eso está difundiendo el mensaje de que "la discordia política y territorial es un lastre económico". El presidente ha conseguido un apoyo cerrado de las empresas catalanas a la decisión que está ultimando pero eso no implica que todo el Ibex 35 reme junto a él. Lo demuestra el incendio que provocaron en CEOE las palabras de su presidente, Antonio Garamendi. La gran empresa pide garantías de que habrá un respeto escrupuloso a la ley por parte de la Generalitat. Moncloa está buscando iniciar una 'Operación Retorno' pero las grandes empresas transmiten que hasta que no tengan el convencimiento de que no se volverá a la unilateralidad no se moverán. "Queda tiempo para que regresen", admiten. Un hombre clave en toda esta estrategia: Raúl Murcia Tobalo, dirigente de ERC que está negociando con el gabinete de Iván Redondo todos los pasos.
Los últimos días de junio y las cuatro semanas y media de julio van a ser, por tanto, de gran intensidad política y económica, explican fuentes gubernamentales. En el terreno macro, la vicepresidenta económica Nadia Calviño está preparando una revisión al alza de las previsiones económicas que, previsiblemente, se dará a conocer antes de que la política nacional se paralice en agosto. Sánchez venderá durante estas semanas que la recuperación ya ha llegado y que el avance de la campaña de vacunación está provocando un solido impulso del empleo (el presidente avanzó el viernes en el Cercle que las estimaciones de Trabajo apuntan que habrá 189.000 afiliados más en términos desestacionalizados cuando finalice este mes de junio y que quedan 466.00 trabajadores en ERTE, el 31% de ellos suspendidos parcialmente). Precisamente esta situación está provocando un intenso debate en la coalición sobre la subida del SMI: Yolanda Díaz presiona para que la mejora se apruebe ya mientras que Calviño ha enfriado la decisión. Es la primera vez desde la dimisión de Pablo Iglesias que la vicepresidenta tercera se posiciona en público de una manera tan rotunda.
Calviño está preparando una revisión al alza de las previsiones económicas
En el terreno de los proyectos más ideológicos, el Gobierno tiene en cartera un conjunto de leyes que buscan orillar al PP junto a Vox en el Parlamento. Una de las normas inminentes es la citada Ley del 'sólo sí es sí', que va a ser aprobada en un próximo Consejo de Ministros tras un intenso debate entre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo. La Ley 'Trans' llegará el día 29, explican fuentes del Gobierno, y en este sentido es importante destacar una novedad: no hará falta prueba psicológica ni médica para que se pueda cambiar el nombre y la mención relativa al sexo en los registros y documentos administrativos. El proyecto estará aprobado antes de la celebración del Orgullo, el 3 de julio, señalan las mismas fuentes. El Ministerio de Derechos Sociales también está preparando, aunque no de una forma tan urgente, una Ley de Diversidad Familiar que, entre otros aspectos, pretende reconocer como familia numerosa a aquellas con un solo progenitor o progenitora y dos menores. Habrá un incremento de las ayudas.
Otra ley inminente es la de Memoria Democrática. La previsión es que llegue a Consejo de Ministros, en segunda vuelta, antes de que finalice este mes de junio. Calvo, proponente de la misma, ha dado un impulso a la misma en los últimos días para tenerla lista. Presidencia está buscando opciones para ilegalizar la Fundación Francisco Franco porque el proyecto inicial ha sido cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Será una de las normativas más importantes de su departamento en esta legislatura.
En el terreno parlamentario la coalición trabaja con sus socios de Presupuestos en varias iniciativas que aspiran a que se conviertan en Ley en breve y que cuentan también con un marcado carácter progresista. Es el caso de la reforma de la Ley Mordaza, promovida por un PNV, que se adelantó al Gobierno. PSOE y Unidas Podemos tienen ya listas las enmiendas para acelerar lo que califican como "derogación". Algo similar ocurre con la Ley de Secretos Oficiales, una norma franquista que el Gobierno pretende reformar y que está siendo objeto de discusión. Sobre la mesa se encuentra el levantamiento del secreto de los documentos clasificados y de las materias reservadas. UP, por su parte, está intentando negociar con el PSOE una normativa sobre protección de la libertad de expresión para derogar los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado y delito de enaltecimiento del terrorismo; pero el grupo dirigido por Adriana Lastra no lo ve claro. Los morados también registrarán su Ley de Salud Mental en el próximo periodo de sesiones.
A todas estas discusiones, tanto en el seno del Gobierno como entre los grupos parlamentarios que apoyan a la coalición (los indultos decantarán la balanza del lado de los socios de Presupuestos y cerrarán la puerta a explorar la llamada geometría variable con Ciudadanos), hay que añadir la negociación para bajar la factura de la luz que deberá resolverse en los próximos días. Está siendo muy intensa. Hacienda ha cambiado de postura y ahora admite estar estudiando "medidas fiscales que puedan ser eficaces, eficientes y rápidas"; entre ellas se incluye el IVA. Pero Unidas Podemos está pidiendo ir más lejos. Los morados reclaman, por un lado, intervenir la factura fijando un límite a los precios del CO2 y el gas y, por otro lado, explorar fórmulas para recortar los beneficios de las grandes empresa eléctricas porque, dicen, el 'tijeretazo' a los beneficios caídos del cielo tardará meses en verse reflejado en los bolsillos de los consumidores. La coalición también negocia en estos días una reforma del bono social al no estar llegando a todas las familias que potencialmente lo necesitan.
Otra gran discusión sin resolver es la de Vivienda. No queda mucho más que negociar de una ley que, según prevén en la coalición, llegue a Consejo de Ministros en julio. Un único punto discordante: el PSOE ha aceptado prohibir subidas en los contratos del alquiler en zonas tensionadas y lo ha hecho aceptando limitar, que no bajar, esas alzas. Es un cambio reseñable pero insuficiente para Unidas Podemos. Para intentar rebajar los precios el equipo de José Luis Ábalos propone el modelo portugués, que consiste en ofrecer rebajas en el IRPF a quien voluntariamente lo haga. Afirman que de ahí no se van a mover. Hay acuerdo para un recargo progresivo en el IBI por viviendas vacías del que se excluirá al pequeño propietario.
Todos estos movimientos y decisiones se van a producir coincidiendo con la llegada de los fondos europeos, el primer desembolso está previsto para mediados del próximo mes, y con los avances en la reforma laboral, el componente más avanzado de los tres que quedan por cerrar, junto al fiscal y al de pensiones.
Los inminentes indultos, en definitiva, son el pistoletazo de salida de un bombardeo constante y prolongado para que el Gobierno recupere una iniciativa que, admiten, se perdió tras el 4-M. Así lo refleja el último CIS, donde el PP recorta distancias al PSOE y se sitúa a 3,5 puntos. A eso hay que añadir que el resultado del breve encuentro con Joe Biden no fue el esperado. Y luego queda la traca final: la crisis de Gobierno de profundidad aún incierta y sin fecha determinada que está provocando nerviosismo en los ministerios. El objetivo de Moncloa es mirar a septiembre con otras perspectivas.
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