Treinta y cuatro folios en total, trabajados durante semanas, redactados con mimo por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Félix Bolaños, secretario general de Presidencia del Gobierno, y que han contado con varios borradores entre medias. En esas páginas se encuentra la clave de los indultos, que son condicionados y reversibles si vuelven a delinquir; el razonamiento jurídico en el que que Gobierno fundamenta su decisión. Una exposición que en el Ejecutivo consideran lo suficientemente argumentada como para que el Tribunal Supremo no pueda revertir la decisión política más importante del mandato de Pedro Sánchez. El Alto Tribunal sí ha tumbado indultos en el pasado por falta de motivación, por lo que Moncloa ha analizado los antecedentes y ha querido blindarse al máximo de los recursos que ya han anunciado PP, Vox y Ciudadanos.
El de este martes ha sido un Consejo de Ministros que el Gobierno considera "histórico". Asistieron todos los ministros y hubo una veintena de peticiones de palabra. Campo aparecía en el Salón de Tapices de Moncloa con un gran sobre de color marrón con un remite: "Vicepresidenta Primera". Dentro, los indultos. El cónclave arrancó con una larga alocución de Sánchez, según explican varios de los presentes. A continuación, turno de quienes quisieron tomar la palabra, la amplía mayoría. "Unanimidad" con la decisión, afirma un ministro. "Fueron momentos muy emocionantes", añade uno de sus compañeros. A otro ministro le recordó a los "Consejos más duros de la pandemia".
El motivo por el que se prolongó durante más de cuatro horas fue porque casi todos los ministros quisieron felicitar al equipo de Justicia por el trabajo realizado y al presidente por la decisión política adoptada. Manuel Castells, ministro de Universidades y miembro de la mesa de negociación con la Generalitat, también intervino en este sentido. Y Yolanda Díaz, que voló desde Catania sólo para estar en Moncloa, pidió trasladar la "valentía" con los indultos a las medidas sociales que se están negociando en la coalición. Los Consejos de Ministros son, en realidad, reuniones con solemnidad en la que todos los ministros intervienen cuando se les da la palabra, no hay interrupciones. Sánchez quiso escuchar a casi todo su gabinete.
El sobre de los indultos de Campo contenía, por tanto, ese razonamiento político que pretende blindar los indultos y que se sustenta, según fuentes del Gobierno, en razones de "utilidad pública" que justifican que las nueve medidas de gracia -los exconsejeros Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila no han sido indultados ya que su condena quedó extinguida tras cumplirse íntegramente- son suficientes para que el Tribunal Supremo no pueda revertirlas. Aunque la oposición lo intente, una legitimidad que está siendo discutida, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo no puede entrar en el fondo, sino tan sólo valorar si el trámite del Consejo de Ministros se ha cumplido debidamente y si la motivación no es arbitraria.
El Consejo de Ministros se prolongómás de cuatro horas porque casi todos los ministros felicitaron a Sánchez
En este sentido, las mismas fuentes gubernamentales recuerdan que esta misma Sala ya sentó las bases en 2013, en la sentencia en la que anuló el indulto a un 'kamikaze' afirmando que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no había determinado las razones de "justicia, equidad o utilidad pública" y dio tres meses para argumentar correctamente alguno de estos requisitos. Cierto es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señaló en su informe que en el caso de los líderes del 'procés' no se da ninguna de estas exigencias, si bien su opinión no es vinculante. Desde el Gobierno de coalición indican que si una de estas razones se encuentra debidamente justificada, el Supremo avalará sin problema los indultos ante posibles recursos.
Desde el Gobierno dejan claro que los indultos se ciñen a la pena de prisión que queda por cumplir y no a la inhabilitación, lo cual es el máximo ejemplo de que no ha sido ninguna revisión de la sentencia del Supremo, tal y como dejó caer la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena en su informe del pasado 26 de mayo. En él señaló que los terceros que pidieron los indultos pretendían que el Gobierno de Sánchez corrija la resolución dictada el 14 de octubre de 2019, que condenó a los cabecillas del proceso independentista en Cataluña entre nueve y trece años de cárcel. Moncloa y Justicia consideran que los indultos no son una "revisión" de la sentencia del Supremo, sino una decisión meramente política y constitucional.
El Supremo conocía este martes los pormenores de los indultos y este miércoles, según las mismas fuentes, procederá a liquidar la condena conforme a lo establecido por el Gobierno. A continuación comunicará este acto a las cárceles catalanas para que procedan a hacer efectiva la libertad de los líderes independentistas, que se encuentran de permiso por San Joan. En torno a media mañana recuperarán esa libertad.
Los indultos "es lo mejor para nuestro país"
El Gobierno es consciente de que toma la decisión política más arriesga de Sánchez después de que los líderes independentistas hayan pasado más de 1.300 días entre rejas. Ha habido una evolución ya que, hasta hace apenas unos meses, Moncloa negaba esta medida de gracias. En el Ejecutivo asumen que no ha sido una decisión fácil y que ha habido y va a seguir habiendo "mucho debate" porque muchos españoles no lo entienden. Aún así, afirman que la decisión se ha tomado porque "es lo mejor para nuestro país". Hay incluso cargos del Gobierno que hablan de la "tradición" de que los gobiernos socialistas tomen decisiones difíciles "que luego se entienden con el tiempo".
Moncloa ha estudiado ordenamientos jurídicos de otras partes del mundo para conceder los indultos y ha dado el paso también empujado por un hecho: "Tener líderes en prisión, con penas tan altas, no se entendía en Europa ni en el resto del mundo", afirman. En el Gobierno han realizado un trabajo en la sombra, eso sí, esencialmente con Oriol Junqueras y Pere Aragonès. Dos hombres clave: Iván Redondo, jefe de gabinete de Sánchez, y Raül Murcia, mano derecha del líder de ERC. El mensaje que le han transmitido en privado es que un referéndum independentista no es viable y que van a apostar por la negociación. Una solución "transversal" que valora Moncloa de forma positiva es la que se inició con el Estatut en 2006. Por ahí van a ir los caminos de la mesa bilateral que se va a montar este verano.
Un detalle importante de la decisión adoptada por el Gobierno es que los indultos no afectan a los líderes independentistas fugados. Ni Puigdemont ni Ponsatí ni Comín quedan exculpados. Es más, Moncloa sigue buscando que asuman su responsabilidad, vuelvan a España y rindan cuentas ante la Justicia. Es, también, un torpedo a los secesionistas que encaran la negociación con el Gobierno central dividivos y con resquemores cruzados.
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