El Ministerio de Industria ha convocado una cumbre con las grandes empresas consumidoras de electricidad para avanzar en el diseño de un sistema que abarate su factura. Están citadas las asociaciones sectoriales de la siderurgia, el papel, el cemento y el azulejo, además de representantes de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). La reunión se celebrará en las próximas semanas -antes del día 15-y días después de que el secretario general de Industria, Raúl Blanco y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se comprometieran a aumentar las ayudas a las empresas electrointensivas de 91 millones a 200 millones.
Hay dos hechos que enmarcan la reunión: el retraso en la aprobación de un estatuto para los grandes consumidores (Estatuto del Consumidor Electrointensivo) y la cuenta atrás para encontrar posibles compradores de las instalaciones de la multinacional Alcoa en Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia). Alcoa mantiene la intención de cerrar las factorías en julio y todas las partes implicadas -Gobiernos autonómicos, Gobierno central y también el PSOE- trabajan a toda máquina para encontrar fórmulas con las que atraer posibles compradores.
El estatuto del consumidor electrointensivo es el mecanismo ideal. El Gobierno elaboró el proyecto, pero la convocatoria electoral y las pegas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) han retrasado la aprobación. El proyecto contempla medidas para abaratar la factura de la gran industria como la exención en el pago de los sistemas de capacidad que cobran las eléctricas por tener potencia sobrante que evite apagones y la regulación de contratos bilaterales con productores de energía para que puedan buscar mejores ofertas.
Medidas inmediatas
Como no ha sido posible y el tiempo (Alcoa) se echa encima, el Gobierno se ha visto obligado a tomar medidas más inmediatas. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, se comprometió en Asturias a aumentar hasta 200 millones las compensaciones a la industria por los costes indirectos del CO2, el máximo permitido por la Unión Europea. El compromiso obligará a modificar partidas presupuestarias sin determinar.
La inquietud por los cierres de Alcoa en Asturias y en Galicia está en todo lo alto. Los sindicatos presionan; los Gobiernos autonómicos presionan y, con el Ejecutivo en funciones, el PSOE, ganador de las elecciones, ha tenido que implicarse en el asunto. La vicesecretaria general del partido, la asturiana Adriana Lastra, ha anunciado que el Gobierno en funciones continuará desarrollando la tramitación del estatuto electrointensivo.
Para empresas como Arcelor, Celsa, la propia Alcoa, Asturiana de Zinc, Ferroatlántica, Solvay, Atlantic Copper, Air Liquide, Ercros, el estatuto es clave. Todas están atentas al resultado de las gestiones políticas que pueden traducirse en partidas de los presupuestos y en más dinero para rebajar su factura energética. Por si acaso, mantienen la presión. Aunque las empresas también reciben apoyo por la vía de la interrumpibilidad -cobran por desconectarse de la red eléctrica cuando es necesario- saben que es un sistema destinado a desaparecer por la presión de Bruselas y cada vez más exiguo: la última subasta celebrada en diciembre de 2018 repartió apenas 186 millones, tras años en los que la media superaba los 500 millones.
Las empresas recelan. No se fían demasiado de los planes de Industria y tampoco ven con buenos ojos todos los proyectos de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para descarbonizar la economía cerrando centrales de carbón y nucleares. El presidente de Acerinox, Rafael Miranda -que fue 12 años consejero delegado de la eléctrica Endesa- ha llegado a pedir que "no se cierren cosas que abaratan la factura, hasta que no penalicen", en referencia al apagón nuclear anunciado y pactado por las eléctricas, entre 2027 y 2035.
El secretario general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), Andrés Barceló, también ha sido muy crítico con el trabajo realizado en los últimos meses por el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Barceló llegó a decir que los planes de Industria para ayudar a competir a las empresas españolas frente a las francesas o alemanas eran como "aplicar tiritas para frenar una hemorragia". Muy gráfico.
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