La industria anda más que inquieta. Las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para abaratar la factura eléctrica no acaban de cuajar. El Ejecutivo está en funciones y el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, la herramienta para equiparar a las grandes empresas a sus competidoras en Francia o Alemania, está en el horno. A medio hacer. Mientras tanto, se desploman las rebajas en la factura eléctrica para el sector, que se canalizaban a través de subastas de interrumpibilidad y que son pagos por desconectarse de la red en caso necesario. En ese ambiente enrarecido, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, tiene previsto reunirse en los próximos días con las principales asociaciones del sector industrial para calmar los ánimos.
La reunión se celebrará antes de fin de mes, según fuentes del sector. Acudirán las asociaciones Unesid, siderurgia; Aspapel, papeleras; Ascer, azulejos; Oficemen, cemento y Feique, de la industria química. También estará presente la asociación de grandes empresas consumidoras de electricidad AEGE. El ambiente está cargado. Sobre la mesa está la crisis en vías de solución de Alcoa, pero también la situación de otras compañías apuradas, como Ferroatlántica del grupo Villar Mir, Tubos Reunidos o Arcelor, que vinculan su situación al precio de la energía.
Pesan los datos. Las industrias acudirán al encuentro "armadas" con las estadísticas de Red Eléctrica de España (REE), que muestran el desplome de su consumo energético y por lo tanto, de su actividad. En mayo, la evolución sectorial de la demanda de electricidad de los grandes consumidores registró el mayor retroceso interanual desde que se viene elaborando la serie, el año 2010. El origen del desplome, según los datos del gestor del sistema eléctrico, estuvo en el sector industrial.
Desplome de demanda
De las 20 actividades con mayor demanda de electricidad, que absorben casi el 85% del total, solo seis mostraron avances interanuales. La metalurgia, con caída mensual del 17,6% y del 8% en el año, explica por si sola más de la mitad del descenso observado en el indicador general que elabora REE. La amenaza de contracción en el sector es evidente y el Gobierno, ahora en funciones, teme nuevos anuncios de reducciones en la producción y expedientes de regulación de empleo (ERES). Solo la industria textil, la alimentaria o los productos electrónicos quedan fuera de la zona de sombra, según apuntan las fuentes consultadas en las asociaciones.
Ese panorama poco halagüeño se ha complicado más si cabe con el resultado de la última subasta de interrumpibilidad para la industria. Entre las dos adjudicaciones del año, las empresas recibirán 196 millones. Es la cifra más baja en los seis años que se lleva haciendo este mecanismo de ayudas a los grandes consumidores. Y está muy alejada de los 500 millones que recibían hace apenas un par de años. Desde 2008, pese al recelo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y también de Bruselas, la interrumpibilidad ha lubricado al sector industrial con 5.000 millones de euros.
Mientras se forma nuevo Gobierno y se retoman los proyectos que quedaron aparcados con las elecciones, las empresas presionan para que Hacienda facilite con dinero las promesas que hace Industria. Hace dos meses, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, y la secretaria de organización del PSOE, Adriana Lastra, se comprometieron en Asturias a elevar las ayudas compensatorias a la industria por costes de emisiones indirectas de CO2 de 91 a 200 millones de euros. Pero el salvavidas no acaba de llegar.
Proyectos, pero no dinero
El Gobierno aprobó en diciembre de 2018 un decreto para impulsar la competitividad de la industria y el comercio pero en el proyecto de presupuestos que presentó no contemplaba dinero para respaldarlo. Desde entonces crece el enfado y se tensa progresivamente el tira y afloja entre Industria y las grandes compañías. La clave es el Estatuto pendiente.
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía Eléctrica (AEGE) defiende que la figura del consumidor electrointensivo debe contemplar esquemas de reducciones o compensaciones de costes en prácticamente todos los conceptos que forman el precio final del suministro eléctrico. En suma, reducir los peajes que pagan por transporte y distribución, los costes de financiación del desarrollo de las energías renovables -incluidos también en los peajes-, los impuestos (eléctrico y municipal), la interrumpibilidad y la compensación de costes indirectos del CO2.
Hay un problema. En el sistema eléctrico la manta de los ingresos va muy justa. Si las grandes empresas y las industrias pagan menos, alguien tendrá que pagar más. Es todo un dilema. Y se da justo cuando la CNMC y el Gobierno tienen que aplicar la separación de funciones que se aprobó en enero para calcular los peajes y cargos que se aplicarán a los consumidores en 2020. La CNMC decidirá sobre 7.250 millones destinados a pagar los costes del transporte y la distribución -los peajes- y el Gobierno repartirá 10.600 millones de "cargos" entre primas a las energías renovables, pago de la deuda acumulada y costes extrapeninsulares. Con el reparto de peajes y cargos tomará forma la nueva estructura tarifaria para hacer frente a la transición energética. Y también al futuro de la industria.
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