La desaceleración económica que sí trajo un frenazo del PIB no afectó por igual a la facturación de la industria farmacéutica que se mantuvo imbatible durante 2018... y ahora sus empresas tienen que equilibrar la balanza. Antes de que termine enero, las firmas del sector tendrán que amortiguar la diferencia con una compensación de 121 millones de euros a las arcas públicas. Esta cantidad, aún pendiente de cierre definitivo, se deriva de la aplicación del Convenio de colaboración con la Administración General del Estado de 2016 que obliga a las compañías asociadas a la patronal a ingresar directamente en la hucha del Tesoro Público una cantidad compensatoria que favorezca la sostenibilidad de las cuentas públicas y, en particular, del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Aunque el documento de colaboración entró en vigor hace cuatro años, no fue hasta 2018 cuando se produjeron las circunstancias favorables para su aplicación. Fue entonces cuando, por primera vez en España, el gasto público en medicamentos originales creció por encima del aumento del Producto Interior Bruto. Así, las empresas que comercializan estos productos tendrán que abonar las cantidades previstas a la Administración en el transcurso de las próximas semanas y de acuerdo con el compromiso de sus compañías de no adelantar al crecimiento del país.
El citado acuerdo, que relaciona el incremento del gasto farmacéutico con el aumento del PIB, quedó sellado el 29 de diciembre de 2016 con la firma de Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda y Función Público, la de Dolors Montserrat, que ocupaba la cartera de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, y la del anterior presidente de Farmaindustria Jesús Acebillo Marín. Este documento sin precedentes recogió que, si el gasto correspondiente al segmento de medicamentos originales, ni genéricos ni biosimilares, llega a superar la tasa de crecimiento del PIB de medio plazo en términos reales, se activarán "medidas compensatorias y correctoras a favor del Sistema Nacional de Salud (SNS)".
La Administración quedaba dotada así de una herramienta de control presupuestario para hacer frente a la política farmacéutica con el colchón de un control sobre la inversión pública en medicamentos. Desde Farmaindustria afirman que su mayor beneficio es el marco de predictibilidad, que ayuda a sus compañías a programar su actividad en virtud de una demanda que pueden valorar con mayor antelación. De esta forma, el acuerdo apuntala la sostenibilidad del SNS y el acceso de los pacientes a los fármacos conjuntamente.
La patronal quiere reformas
En este marco de entendimiento, la Junta Directiva de Farmaindustria votó la semana pasada y aprobó el pistoletazo de salida para la negociación de un nuevo Convenio en 2020, una decisión que, a falta de la ratificación por la Asamblea General de la Asociación, ha sido calificado por la patronal como un paso más hacia "el objetivo de Farmaindustria de seguir contribuyendo a la sostenibilidad del SNS y garantizar el acceso de los pacientes a los medicamentos". Tal y como anunció Farmaindustria en una nota de prensa recogida por La Información, con el fin de cumplir con los compromisos previstos, tanto el Gobierno como Farmaindustria han marcado un plazo de seis meses para la firma del nuevo texto y, mientras tanto, se prorrogará con carácter transitorio el acuerdo vigente en 2019.
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