Informar, o no, de los secuestros

El aumento de los secuestros de periodistas en zonas sensibles vuelve a intensificar el debate sobre la cobertura informativa de este tipo de hechos. Mientras tanto, los editores reciben peticiones de sus colegas periodistas para no que no publiquen la información.

En los dos últimos años, ha habido más de diez solicitudes de este tipo. El caso más famoso es, sin duda, el de David Rohde y Stephen Farrell, reporteros del New York Times, secuestrados por insurgentes talibanes en Afganistán.

Los ejecutivos del periódico sostenían que la información aumentaba el riesgo para los rehenes y la mayoría de los medios de comunicación prefirió mirar para el otro lado. Rohde y Farrell finalmente escaparon ilesos de su cautiverio.

Sin consenso

Sin embargo, la censura informativa despertó una serie de interrogantes. "¿No sirve a veces la publicidad para ayudar a los rehenes en lugar de ponerlos en peligro?", escribía Edward Wasserman, profesor de Periodismo en la Universidad Washington and Lee, en Lexington, Virginia. "¿Y qué pasa con el daño provocado por el silencio? ¿Los inocentes que podrían haber evitado el peligro si hubieran sido advertidos?", preguntaba.

Los medios de comunicación ahora evalúan qué hacer si reciben una petición similar en el caso de secuestros de personas que no son periodistas. Tanto para los medios de comunicación como para los gobiernos, los grupos de cooperantes y las empresas que operan en zonas peligrosas, la elaboración de unas directrices en caso de secuestro son un trabajo frustrante.

¿Qué es lo correcto?

Cualquiera que piense de otra manera debería pasar un tiempo en Colombia, donde he trabajado durante los 12 últimos años. Aunque la seguridad ha mejorado, el país ha registrado más de 24.000 secuestros desde 1996. Y debido a que cada caso es diferente, "no hay una fórmula mágica para actuar", declara Claudia Llano, de la Fundación por un País Libre, un grupo de Bogotá que ayuda a los familiares de rehenes.

La censura informativa podría haber ayudado a Rohde y Farrell. Pero mis colegas de la prensa bogotana optaron por una cobertura de saturación. En el 2003, la periodista Ruth Morris y el fotógrafo Scott Dalton, que trabajaban en la zona norte de Colombia para Los Angeles Times, fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de izquierdas.

Era la primera vez que los rebeldes colombianos detenían a corresponsales extranjeros y nosotros respondimos con un aluvión de informaciones en prensa, TV y radio, cartas de protestas y manifestaciones en las calles de Bogotá. Pero no sabíamos si hacíamos lo correcto.

Tras la ofensiva del ejército colombiano en la región, pensábamos que el ELN usaría a los periodistas como escudos humanos. En ese caso, tenía sentido todo el despliegue que organizamos. Si los rebeldes hubiesen optado por pedir un rescate, entonces [toda la cobertura] habría aumentado la importancia –y el valor en dinero- de nuestros amigos.

"Tengo la sensación que las protestas aumentaron nuestro valor para la guerrilla, algo que puede ser bueno o malo", me declaró Ruth Morris por correo electrónico esta semana. "Nuestra mayor preocupación era que los captores pensaran que éramos espías. En ese sentido, las manifestaciones, especialmente las de nuestros compañeros periodistas, confirmaron lo que nosotros les decíamos".

La información puede jugar en contra del rehén

No hubo intercambio de dinero y Ruth y Scott fueron liberados después de 11 días, en parte, porque la ELN no quería mancillar aún más su imagen ante la comunidad internacional. Cuando a los secuestradores no les interesa el tema de los derechos humanos, la cobertura informativa, las protestas del gobierno y las campañas ciudadanas probablemente no funcionan e incluso pueden ser contraproducentes.

Ese sería el caso de Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial colombiana que fue capturada en el 2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país. Durante una parte de su cautiverio, Betancourt estuvo retenida junto a tres contratistas militares norteamericanos, secuestrados un año después cuando su avión de vigilancia se estrelló en territorio guerrillero.

El caso Betancourt

El gobierno de EEUU pensó que si se creaba un enorme revuelo en torno al caso, las FARC no querrían desprenderse de los contratistas. Los funcionarios del Departamento de Estado dieron órdenes expresas a los familiares de no hablar con la prensa.

El secuestro de Betancourt, sin embargo, hizo de esta ciudadana colombo-francesa un caso célebre en Europa. Con la ayuda de los medios de comunicación franceses, París convirtió la liberación de Betancourt en una causa nacional y presionó al gobierno de Bogotá para que accediera a las exigencias de las FARC de intercambiar rehenes por rebeldes prisioneros.

Los franceses posteriormente llegaron a un acuerdo secreto con las FARC y enviaron un avión C-130 a Sudamérica para recoger a Betancourt. Sin embargo, según los mensajes de correo electrónico encontrados en un ordenador confiscado en un campamento de las FARC, la misión fracasó debido a un fallo en el pago del rescate.

"Nos decían que llegáramos a acuerdos a los que no estábamos dispuestos", me declaró en una entrevista el vicepresidente colombiano Francisco Santos el año pasado. "Convertir a Ingrid en esta importante figura internacional, sencillamente aumentó el precio de su liberación".

El enfoque de Washington de mantener un bajo perfil también resultó exasperante, al menos para los familiares de los contratistas secuestrados. Criticaron al gobierno de EEUU por pasar por alto a sus seres queridos detenidos en la selva y comenzaron a hablar con la prensa.

La crisis de los rehenes se prolongó porque a las FARC, al igual que a los talibanes, no les preocupa su reputación internacional o el hecho de que el secuestro esté catalogado como un crimen de guerra. El ejército colombiano rescató finalmente a Betancourt y a los tres norteamericanos el 2 de julio de 2008, después de más de cinco años en cautiverio.