El interrogatorio al que ha sido sometido Rodrigo Rato para esclarecer las circunstancias que envolvieron la salida a Bolsa de Bankia y su eventual trascendencia penal ha dejado bien clara su estrategia de defensa en el caso: la decisión de sacar el banco a Bolsa fue propiciada cuando no impuesta desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la cúpula de la entidad -que él dirigía- apenas tuvo margen de maniobra en el proceso, ni tan siquiera a la hora de diseñar el folleto informativo de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) que sustentó el proceso.
El planteamiento desafía la tesis de la Fiscalía que pretende demostrar que los administradores de Bankia falsearon las cuentas de la entidad -sin complicidad alguna de terceros- para permitir su salida a Bolsa y que esta maniobra generó consecuencias nefastas a miles de inversores que confiaron sus ahorros a la entidad, alentados también por una agresiva campaña comercial. Motivos todos ellos que sustentan la acusación por estafa a inversores y el encausamiento de Rodrigo Rato y de otros 32 ex directivos de la entidad, en el que ya se ha convertido uno de los macrojuicios más mediáticos de la historia del país.
Que se haya cerrado así el perímetro de las potenciales responsabilidades penales por la causa no significa que se haya acallado el animado debate jurídico y político que hay sobre el asunto. Las conclusiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Crisis Financiera incluyen, al menos en su texto preliminar -al que ha tenido acceso La Información-, un controvertido párrafo que manifiesta de forma expresa que "el Banco de España incurrió en una grave irregularidad de consecuencias nefastas" en el proceso de 'fusión fría' de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el SIP que se convirtió en el germen de la futura Bankia.
La frase de la discordia
Aunque casi más interesante es lo que no se incluyó en ese informe preliminar. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos intentó conseguir que en el mismo figuraran unas declaraciones sobre el asunto realizadas en el Congreso de los Diputados por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, en una respuesta parlamentaria al entonces diputado socialista y hoy secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.
Éste había interpelado al ministro por el escándalo Bankia y se llevó la siguiente contestación de Luis de Guindos. "Usted sabe que la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que su Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado". Y continuaba: "Por mucho que la dirección de Bankia se hubiera empeñado en salir a Bolsa, esta operación nunca se hubiera producido -reitero, nunca se hubiera producido- sin el visto bueno del Banco de España y la CNMV".
El valor de la declaración es innegable. No solo por el hecho objetivo de que se trata de una persona que como ministro de Economía debiera manejar información relevante sobre el asunto sino porque suponía vincular de forma directa a los órganos reguladores y al Gobierno de Zapatero en todo el proceso que dio con los acciones de Bankia en el parqué... con las consecuencias que ello tuvo posteriormente.
Sin embargo se excluyó del informe final de la comisión de la crisis financiera. Según ha confirmado este medio de fuentes parlamentarias, el Grupo Socialista rechazó su inclusión en el texto y ni Podemos ni el PP respaldaron la intención de Ciudadanos de que formara parte de la evaluación oficial del Parlamento de las crisis financiera.
El análisis del ex ministro de Economía coincide prácticamente al punto con el relato trasladado por Rato a la Fiscal del caso en su declaración judicial. Hay que recordar que en su declaración Rato apuntó de forma directa a la responsabilidad sustancial del Gobierno y los supervisores -Banco de España y CNMV- en las debilidades del proceso de captación de capital llevado a cabo por la entidad, que le permitió colocar, sobre todo entre pequeños inversores, el 55% de su capital por un montante total de 3.092 millones de euros apenas unos meses antes de que el Gobierno se viera obligado a intervenir la entidad e inyectarle más de 17.000 millones de euros para cubrir el agujero patrimonial detectado en el banco.
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