Informe de SIP dice que el Gobierno de Ecuador agrede la libertad de prensa

Sao Paulo, 14 oct.- El Gobierno de Ecuador y las instituciones del Estado adoptan medidas que perjudican la libertad informativa en el país y se usan recursos públicos para "atacar" sistemáticamente a periodistas y medios, según un informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) difundido hoy.

El documento, elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y pendiente de la aprobación de la asamblea que estos días se celebra en Sao Paulo, reveló que "no existe plena libertad de expresión y de información" en el país.

El informe, que fue presentado por el vicepresidente la Comisión para Ecuador, Pedro Zambrano, agregó que "el régimen sigue usando recursos públicos para atacar y 'desmentir' sistemáticamente lo que publican los medios, los periodistas y la gente que opina diferente".

Durante la presentación, Zambrano precisó que el Gobierno califica como "desmentidos" a lo que en realidad son "sinfín de ataques".

Además, el texto del documento añadió que la Justicia continúa emitiendo "sentencias penales" basadas en figuras como el desacato y la injuria a las autoridades.

En el último semestre, se registraron tres sentencias condenatorias y el inicio de varios procesos legales por "delitos de opinión", según el informe.

De acuerdo con el documento, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, tiene prohibido a sus ministros conceder entrevistas a medios de titularidad privada.

En la actualidad, la Asamblea Nacional (Parlamento) tramita varias leyes que podrían agravar el marco legal existente, de acuerdo con el informe.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones ha emitido un reglamento que ordena a las empresas que presten servicios en ese ámbito a remitirle las bases de datos con las direcciones IP de sus clientes, medida que ha sido interpretada como un paso para controlar a usuarios de redes sociales.

Además, el texto añade que "la autocensura" está ganando terreno ya que varios responsables de medios han decidido a cerrar programas que puedan incomodar al Gobierno.

El documento también se hace eco de que los afectados por violaciones de la libertad de expresión tienen que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.