El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga mañana al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos en la campaña del 28A, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación.
El presidente catalán, que sopesó no acudir al juicio cuando inicialmente se señaló para un día que coincidía con un pleno del Parlament, llegará mañana al Palau de Justicia arropado por varios de sus consejeros, tanto de JxCat como de ERC, así como por los líderes de las entidades soberanistas, que han hecho un llamamiento a concentrarse en su apoyo.
Torra, el tercer presidente catalán consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista, se juega en el juicio su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condene al presidente catalán por desobediencia a la Junta Electoral -no está previsto que la sentencia se demore más de unas semanas-, Torra no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo no la ratificara.
La decisión se demorará
El promedio del alto tribunal para resolver recursos no suele ser inferior a los nueves meses, lo que dilataría hasta al menos el año próximo una eventual inhabilitación del presidente catalán. En caso de que se hubieran convocado elecciones antes de que la condena fuera firme, nada le impediría presentarse como candidato.
Con ocasión de su declaración como investigado, el pasado mes de mayo, Torra accedió a contestar las preguntas del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres -desmarcándose así de su predecesor Artur Mas, que en el juicio del 9N se negó a responder al ministerio público-, en una comparecencia en la que invocó la libertad de expresión.
El presidente catalán admitió ante el juez Carlos Ramos que desobedeció la orden de retirar los lazos, al considerarla "ilegal", porque se debía a un "mandato superior" de la ciudadanía, en lo que se adivina será el eje de su declaración en el juicio de mañana.
Fue la Fiscalía la que, a raíz de una denuncia de Cs, presentó la querella que ha dado pie a juzgar a Torra por negarse a acatar la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos en la campaña de las generales del 28 de abril, unos símbolos que el presidente acabó eliminando del Palau de la Generalitat, aunque ya fuera de plazo.
La Junta Electoral dictó el 11 de marzo pasado su primera orden de retirar los lazos, que el presidente catalán desoyó, por lo que el 18 de marzo se dictó un segundo requerimiento cuya suspensión solicitó Torra, alegando que le era imposible cumplirla, ante la multitud de edificios de la Generalitat que exhibían simbología a favor de los políticos presos.
El presidente catalán sustituyó entonces la pancarta con el lazo amarillo del Palau de la Generalitat por otra igual, de color blanco y con un símbolo a favor de la libertad de expresión, pero la Junta Electoral rechazó esa alternativa y dio un nuevo ultimátum a Torra para que la retirara.
Finalmente, el 22 de marzo se retiró la pancarta con el lazo blanco que colgaba del Palau de la Generalitat, mientras la Junta Electoral ordenaba al Departamento de Interior hacer lo propio en todos los edificios públicos, con lo que los Mossos d'Esquadra recorrieron Cataluña quitando símbolos de apoyo a los presos de todo tipo de oficinas de la administración y centros educativos.
Concluido el período electoral, el Govern volvió a colgar un lazo amarillo del balcón de la fachada del Palau, pero en septiembre pasado la sala contenciosa del TSJC ordenó de nuevo retirarla, para preservar la neutralidad del edificio, en base a un recurso presentado por la asociación Impulso Ciudadano.
En esta ocasión, Torra no mantuvo el pulso con los tribunales a cuenta de los símbolos independentistas y, el 27 de septiembre, instó a retirar el lazo del balcón del Palau, que varios activistas independentistas sustituyeron por una pancarta a favor de la libertad de expresión.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios