San José, 9 sep.- Un tribunal de San José comenzó hoy la audiencia preliminar en la que determinará si eleva a juicio una acusación contra el expresidente de Costa Rica (1998-2002) y fugaz secretario general de la OEA (2004), Miguel Ángel Rodríguez, por la presunta recepción de sobornos de la reaseguradora inglesa PWS.
El Juzgado Penal de Hacienda inició hoy la audiencia en el caso relacionado con el presunto pago de dádivas por unos 2,1 millones de dólares de PWS a funcionarios de los estatales Instituto Costarricense de Seguros (INS) e Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el que estaría involucrado Rodríguez.
Hasta 2005, PWS era la única empresa habilitada para colocar entre reaseguradoras una póliza que cubre todos los bienes del ICE.
Estos hechos habrían ocurrido entre los años 1999 y 2002, cuando Rodríguez era presidente.
La audiencia preliminar es de carácter privado y podría extenderse hasta el 31 de octubre, pero el exmandatario afirmó escuetamente a los periodistas que es inocente y que lo demostrará durante el proceso.
"Vengo a defenderme a los tribunales. Una vez a más vengo a declarar mi inocencia a ver si algún día termino", expresó Rodríguez, en referencia a los tres procesos penales que acumula por acusaciones de corrupción.
El abogado de Rodríguez, Christian Arguedas, dijo hoy a los periodistas que la acusación por el caso PWS "carece de sustento probatorio" y es "poco seria", por lo que solicitará el sobreseimiento definitivo.
El exmandatario fue condenado el 27 de abril de 2011 a cinco años de cárcel por el delito de instigador de corrupción, en una repartición de dádivas de la firma francesa de telecomunicaciones Alcatel a funcionarios públicos costarricenses, en la que él habría recibido 819.000 dólares.
Sin embargo, tras impugnar la sentencia, el Tribunal de Apelaciones anuló el fallo en diciembre de 2012 y absolvió al exmandatario, aunque el proceso previamente le costó salir de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que ingresó en junio y renunció en septiembre de 2004.
La tercera acusación que enfrenta Rodríguez fue presentada apenas en julio pasado por la Fiscalía y se relaciona con la supuesta creación de una red para desviar fondos del INS provenientes de empresas reaseguradoras de varios países, por al menos 1,5 millones de dólares.
Este caso aún no tiene fijada una fecha para realizar la audiencia preliminar.
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