El Gobierno, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto en marcha en el primer semestre de este año una campaña específica de revisión integral de las condiciones de trabajo en el sector de alojamientos turísticos, en particular camareras de piso -las denominadas 'kellys'-, según figura en el tercer informe semestral de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, presentado el pasado viernes al Consejo de Ministros por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio.
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, "esta campaña muestra el compromiso del Gobierno por mejorar la calidad del empleo en el sector turístico, en particular de las camareras de piso, ya que permite un control integral de las condiciones de prestación de servicio de este colectivo especialmente castigado por bajos salarios, ritmos de trabajo y sobreesfuerzos".
Asimismo, la titular de la cartera señala que "es urgente la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores que igualará las condiciones entre trabajadores en plantilla y externos y que será una prioridad en la próxima legislatura".
La campaña es la primera, en materia de relaciones laborales, que está dirigida al sector de alojamientos turísticos, y su finalidad es la revisión, con carácter integral, de las condiciones laborales de las personas trabajadoras que integran dicho sector, prestando especial atención a quienes son contratados a través de empresas multiservicios y empresas de trabajo temporal, en particular camareras de piso.
Asimismo, en el año 2019 se continúa con una campaña específica sobre riesgos musculoesequeléticos para el colectivo de camareras/os de piso y se mantienen otras con incidencia clara en el sector y que se han venido ya realizando en años anteriores, como las relativas a los riesgos psicosociales o condiciones de seguridad y salud con enfoque de género.
Estas iniciativas están enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su objetivo es recuperar derechos laborales, mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, proteger la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras, y garantizar la competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo.
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