San Salvador.- El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) expresó hoy sus dudas de que El Salvador extradite a España a los nueve militares procesados en ese país por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, que se entregaron ayer, días después de ordenarse su captura.
"Alguien con su uso de razón, sabiendo que se les va extraditar a España no se va entregar", dijo a Efe el director de ese organismo, Benjamín Cuéllar, quien afirmó que la entrega "voluntaria" de los nueve militares ha sido arreglada.
"Quisiera ser el primero en estar equivocado, y reconocer y aplaudir públicamente a un sistema de justicia salvadoreño que sería distinto al que hemos tenido hasta ahora (...), tengo derecho a creerlo mientras no demuestren lo contrario", agregó Cuéllar, quien aludió a la impunidad del sistema judicial salvadoreño.
Nueve de los 20 militares salvadoreños procesados en España por el asesinato de seis sacerdote jesuitas en 1989 quedaron hoy a disposición judicial después de presentarse voluntariamente ayer a la Brigada Especial de Seguridad Militar.
La entrega se produjo después de divulgarse que la Policía salvadoreña se disponía a ejecutar la orden de captura de la Policía Internacional (Interpol), a petición del juez Eloy Velasco, que lleva el proceso en la Audiencia Nacional de España.
Cuéllar afirmó que es "difícil" pedir al Gobierno que empiece "con este caso a hacer el trabajo decidido y decisivo para superar la impunidad".
Por su parte, uno de los abogados de los militares, Lisandro Quintanilla, afirmó hoy a medios locales que la defensa "todavía no tiene la orden de captura de la Interpol", y que lo único que conoce es el comunicado del Gobierno de que la ejecutaría, pero que espera que la entrega voluntaria de los militares se tenga en cuenta.
El juez Velasco emitió el 30 de mayo una orden de captura de todos los militares salvadoreños involucrados en la matanza, ocurrida el 16 noviembre de 1989.
En esa fecha, miembros del Batallón Atlacatl, del Ejército salvadoreño, irrumpieron en la UCA y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.
También asesinaron a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA, Elba Julia Ramos, y a su hija Celina, de 16 años.
El crimen sucedió en la época del conflicto armado (1980-1992) en El Salvador, que dejó alrededor de 75.000 muertos.
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