El magistrado Diego de Egea ha activado los mecanismos para poder interrogar al comisario Enrique García Castaño, conocido como 'El Gordo', para conocer su propia versión acerca del uso de los fondos reservados del Estado tras la filtración de los audios que se incluyen en el sumario de esta causa contra José Manuel Villarejo.
Según informan fuentes de la investigación a La Información, el instructor de la causa bautizada como 'Tándem' ha atendido a la petición del comisario y ya se ha puesto manos a la obra para poder interrogarle en sede judicial. Por ello, lo primero que va a hacer es solicitar permiso al Consejo de Ministros a la espera de que éste le dé luz verde.
Este requerimiento es necesario a tenor de las prohibiciones impuestas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que establece que la calificación de secreto y reservado es una materia que compete exclusivamente a la esfera del Consejo de Ministros. Además, las fuentes consultadas precisan que el magistrado también ha pedido informe a la Fiscalía Anticorrupción para conocer su postura antes de tomar la decisión final.
En dos escritos remitidos al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el mes de octubre, la defensa de García Castaño, investigado en esta causa por facilitar presuntamente información sensible a Villarejo, solicitaba encarecidamente que pusieran en marcha los trámites para poder defenderse de las acusaciones que se están vertiendo contra él en los medios de comunicación a tenor de los audios filtrados de la causa.
Estas grabaciones estaban relacionadas con asuntos tan dispares como la presunta negociación entre los dos comisarios de la venta de armas a Arabia Saudí y Siria a espaldas del propio Ministerio de Defensa, o con pagos de 250 millones de euros al exespía Francisco Paesa a cambio de entregarle al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, detenido en el aeropuerto de Bangkok en 1995.
Al respecto, la defensa del acusado asegura que se trata de filtraciones que, no solo hacen un gran daño a los investigados en esta causa y a la "institucionalidad del país", sino que deberían estar enmarcadas en el contexto de una operación policial de seguridad nacional y de Estado; de ahí que sobre las mismas no se pueda pronunciar en sede judicial sin consentimiento expreso del Ejecutivo.
"Conversaciones malinterpretadas y retorcidas"
En lo que respecta a otras informaciones surgidas acerca de que él y Villarejo planearon conjuntamente la creación de un servicio de información para rusos con un diplomático de la Embajada de Rusia, razona el escrito que de nuevo se trata de una conversación enmarcada en el contexto "de la obtención de información de inteligencia en torno a ciudadanos que pudieran tener relación con las mafias rusas".
En cualquier caso los audios que están viendo la luz los últimos días, responden, a juicio de este comisario, a una "filtración interesada" de conversaciones que son "malinterpretadas y retorcidas" para presentar unos hechos que, dice, no se corresponden con la realidad y acaban generando "juicios paralelos sesgados" que nada ayudan en la instrucción de este procedimiento penal.
El veterano comisario, que fue uno de los máximos responsables policiales como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), fue detenido el pasado mes de julio por su implicación en este caso. Un mes después y en contra del criterio de los fiscales del caso, el magistrado Diego de Egea le dejó en libertad aunque con medidas cautelares.
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