El Ministerio del Interior comenzó a verle las orejas al lobo hace casi dos años. En concreto, en octubre de 2012, cuando el Juzgado número 9 de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ordenó cesar temporalmente al jefe superior de Policía del País Vasco, Fernando Amo, por haber sido nombrado sin tener el título universitario. Se basaba el tribunal en el artículo 19.2 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage), que indica que para este tipo de puestos es necesario estar en posesión de un doctorado, una licenciatura o una ingeniería.
La Audiencia Nacional dejó sin efecto cautelarmente la designación de Amo mientras abordaba el caso a fondo. Sin embargo, no llegó a entrar en la cuestión nuclear. El inspector de la Policía que había recurrido el nombramiento y forzado la resolución judicial no tenía capacidad para acceder al puesto, ya que había que ser comisario o comisario principal para hacerlo, por lo que el Juzgado decidió rechazar la demanda en virtud del criterio del Tribunal Constitucional, que afirma que no basta con la mera búsqueda de la legalidad por parte del recurrente, sino que éste debe poder aspirar al cargo en cuestión.
La cosa quedó por lo tanto en un susto para el Ministerio del Interior. Algunos de los altos cargos del departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz mostraron entonces su rechazo a que se siguiera nombrando a personas que no cumplieran estos requisitos para cargos que los exigieran. El recurso contra Amo se había perdido porque había sido un inspector quien lo había puesto. No hubiera corrido la misma suerte de haber sido un comisario, que sí podía aspirar al cargo de jefe superior del País Vasco, planteaban los citados altos cargos.
En ese contexto, la Dirección General de la Policía comenzó a negociar un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos con el fin de que los mandos que no estaban licenciados obtuvieran con cierta rapidez un título que les evitara posibles problemas y les sirviera de escudo ante recursos como el que casi derrumba a Amo. El acuerdo entre el centro universitario y el departamento dirigido por Ignacio Cosidó se concretó en un curso on line, de un año de duración, que comenzó en septiembre de 2013 y acabó el pasado mes de junio.
La convalidación de materias que los jefes policiales han realizado en cursos internos a los que han asistido a lo largo de su carrera (dos años en la Escuela de Ávila y programas de los ascensos), la asistencia virtual a las sesiones impartidas por la Universidad Rey Juan Carlos, la superación de un trabajo, de los exámenes y el pago de unos 3.000 euros finalizaba en la obtención del grado en Criminología que han conseguido más de un centenar de mandos del cuerpo en el primer año en que entra en funcionamiento esta modalidad.El jefe superior de Madrid, entre los alumnos
Entre los que han alcanzado el objetivo se encuentran el jefe superior de Madrid, Alfonso Fernández Díez, además de otros máximos responsables policiales de comunidad autónoma y varios comisarios provinciales e inspectores jefes. Algunos de ellos necesitaban el título para ocupar con todas las de la ley el puesto que actualmente desempeñan y otros simplemente se presentaron con el fin de lograr el citado grado.
Entre los que han realizado el curso, y por lo tanto ya cuentan con la titulación exigida para los altos puestos del Ministerio del Interior, se encuentran precisamente algunos de los mandos que hasta el momento ocupaban esos cargos sin el citado requisito. Otros, que también desempeñan su trabajo en rangos superiores, sin embargo, continúan ejerciendo su trabajo sin contar con el grado, la licenciatura o el equivalente.
La sentencia del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional del pasado 16 de julio que ordena a la Secretaría de Estado de Seguridad cesar al subdirector general de la Inspección de Personal, José María Calderón, fue consecuencia de otro recurso que interpuso el mismo inspector que en el 'caso Amo'. En esta ocasión, sin embargo, sí prosperó porque el recurrente, según la ley, sí podía aspirar al cargo, que de hecho estaba abierto a todos los funcionarios de carrera, no solo a los comisario y comisarios principales, como ocurría en el supuesto del jefe superior del País Vasco.
Las consecuencias de esta sentencia, sobre todo en el caso de que sea declarada firme, son impredecibles, dado el alto número de puestos ocupados por comisarios o inspectores jefes sin titulación y debido a la incertidumbre de saber qué comisarios se lanzarán a recurrir. El Ministerio del Interior, por lo tanto, tendrá que decidir si mantiene a esos mandos en su cargo y se arriesga o les cesa en próximas reestructuraciones. Asimismo, tendrá que resolver si continúa con la misma política de designar jefes a dedo sin tener en cuenta los requisitos, lo que le expone a futuras reprimendas judiciales, o por el contrario opta por respetar la legalidad.
El futuro, por otro lado, será distinto, ya que la Ley de Personal de la Policía y también la de la Guardia Civil, que se tramitan actualmente ambas en el Congreso de los Diputados, establecen la condición de que los que aspiren a entrar en el primer cuerpo como inspectores deben estar en posesión de un grado (hasta ahora bastaba con una diplomatura) y que a los que accedan al instituto armado como oficiales –ya sea mediante promoción interna o mediante los estudios cursados en la Academia General Militar– se les hará entrega de un grado universitario.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios