El magistrado Manuel García Castellón ha dado impulso a la pieza del caso Villarejo relativa a un presunto espionaje a Luis Bárcenas. El instructor prosigue con los trámites para desclasificar los documentos protegidos por la Ley de Secretos Oficiales relativos a este asunto concreto antes de llamar a declarar al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. El que fuera número dos de Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy será preguntando por la existencia de este operativo, bautizado con el nombre de 'Kitchen', y que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no reconoce, no al menos con este apelativo que le habría puesto el comisario jubilado.
Así lo concluye la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional en un oficio incorporado a la pieza séptima del caso Tándem y cuyo secreto se acaba de levantar parcialmente. En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, los agentes recogen la respuesta ofrecida por la Secretaría de Estado de Seguridad en relación a si les consta una operación policial denominada 'Kitchen', 'Cocinero', 'Cocina' o 'K'. Lo que pedía la Audiencia Nacional era cualquier documentación relativa a los fondos reservados con los que se habría costeado esta operación desarrollada entre los años 2013 y 2015 bajo la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de Eugenio Pino.
La respuesta de esta Secretaría dependiente de Interior es que no consta ninguna documentación que haga referencia a este nombre concreto, tal y como ya apuntó en sede judicial el exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño. 'El Gordo' dijo ante los investigadores que un operativo como tal no existió pero que sí recibieron indicaciones de Pino para rastrear las cuentas de Luis Bárcenas en el extranjero. Sin embargo, aunque no reconozcan el nombre concreto de la investigación, Interior sí avaló que agentes de la Dirección Adjunta Operativa y de la Comisaría General de Información, actuaron en calidad de "colaboradores o informadores" y facilitaron información que tenía en su poder el responsable de las finanzas del PP a cambio de una "remuneración periódica".
Desclasificación de los documentos
Los investigadores tratan de aclarar los detalles de este encargo concreto que habría llevado a cabo Sergio Ríos Esgueva, entonces chófer de Bárcenas, el cual actuó en calidad de 'topo' y le sustrajo abundante documentación relativa a una presunta financiación opaca del PP. El propio Bárcenas dibujó en sede judicial una serie de escenarios en los que este policía pudo haberle hurtado cerca de una treintena de documentos que obran en esta pieza concreta del caso Tándem así como en la investigación que dirige el magistrado José de la Mata sobre los papeles de Bárcenas.
Ahora el instructor ha dado los primeros pasos para que se desclasifiquen los documentos que estarían afectados por la Ley de Secretos Oficiales. La defensa de Martínez así lo solicitó en un escrito dirigido al juzgado en el cual manifestó su intención de ser interrogado por estos hechos. El exnúmero dos de Jorge Fernández Díaz se acogió a su derecho a no declarar tras su imputación el pasado mes de enero por su posible implicación en este operativo 'parapolicial'. Sin embargo, ahora ha pedido al magistrado que levante parcialmente el secreto de las actuaciones en base a los acuerdos del Consejo de Ministros de diciembre de 2018 y de enero del 2019.
El ordenador de la UCAO
Los dos están refrendados por el ministro Grande-Marlaska y levantan el secreto en relación a los "objetivos, aprobación, supervisión y control del operativo 'Kitchen'" así como las identidades de todas las personas que hayan participado en él. Además, Martínez también pide que se le releve expresamente de la obligación de guardar secreto teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros exime de responsabilidad para hablar de estos asuntos a funcionarios policiales, circunstancia que no se produce en su caso. De hecho, Martínez rinde cuentas por su condición de secretario de Estado en el momento de los hechos. Las diligencias practicadas hasta el momento apuntan que esta operación, por la que Ríos Esgueva habría cobrado 2.000 euros mensuales de las arcas públicas, vino autorizada desde el departamento que dirigía entonces Jorge Fernández Díaz.
De este modo, el magistrado allana el camino para que este cargo político durante el Gobierno de Mariano Rajoy explique en sede judicial si efectivamente existieron órdenes para sustraer información especialmente delicada del PP así como todo lo relativo a un ordenador localizado por los agentes en la Comisaría General de Información que vendría a recoger información incautada a Luis Bárcenas en sus teléfonos móviles. García Castaño confesó al magistrado instructor que se compró esta computadora y se custodió en las dependencias de la Unidad que él dirigía con el fin de almacenar el material del extesorero del PP y dárselo después a Martínez.
