El Ministerio del Interior ha decidido recurrir, a través de la Abogacía del Estado, la decisión de la Audiencia Nacional que ordenó cesar a un alto cargo de la cartera dirigida por Jorge Fernández Díaz, según han confirmado fuentes de este departamento. El recurso de apelación, presentado ante el mismo tribunal, tardará en resolverse más de un año, según estiman fuentes jurídicas consultadas. Tras su resolución, no hay posibilidad de presentar más, por lo que será entonces el momento de que la sentencia emitida por el Juzgado Central número 1 de lo Contencioso sea declarada firme.
Desde ese momento, habrá tres meses para que se ejecute el fallo, periodo que habitualmente se alarga hasta a seis u ocho meses entre trámite burocráticos, preguntas y comunicaciones. Quedaría, por lo tanto –en caso de que el recurso no prosperase–, más de un año y medio para que el alto cargo afectado, José María Rodríguez Calderón, abandonara su puesto. Durante ese tiempo, previsiblemente, el subdirector general de la Inspección de Personal del Ministerio seguiría ejerciendo sus funciones.
Casualmente, se trata prácticamente del mismo intervalo que resta para que el protagonista se jubile, cosa que ocurrirá presumiblemente en febrero de 2016. Fuentes del Ministerio aseguran, de hecho, que probablemente Rodríguez Calderón se retire incluso antes de que se cumplan los tiempos mencionados para pasar al Consejo Asesor, extremo aún no decidido, aunque sí valorado, por Interior.Primera sentencia
La Audiencia Nacional ordenó a la Secretaría de Estado revocar el nombramiento de Rodríguez Calderón porque éste no tenía el título universitario requerido para puestos como el suyo. Un inspector recurrió su designación y el tribunal le dio la razón. Se trataba de la segunda vez que el mismo funcionario protestaba ante los tribunales por un nombramiento que no cumplía lo exigido por la ley. El inspector ya consiguió años antes que el Juzgado número 9 de la Audiencia Nacional suspendiera cautelarmente al jefe superior de Policía del País Vasco, Fernando Amo, por el mismo motivo, aunque este alto mando finalmente fue restablecido en su puesto al entender que el recurrente carecía de legitimidad por no poder aspirar al cargo.
Aquel primer caso supuso un aviso para el Ministerio del Interior, ya que no era el único, ni mucho menos, que no contaba con el título requerido. De hecho, la Abogacía del Estado advirtió a la cúpula del Ministerio, poco después del episodio de Amo, de que un recurso de alguien con legitimidad –cualquier comisario principal, por ejemplo– podría conllevar el cese del jefe superior del País Vasco o de otro alto cargo policial.
El departamento de Jorge Fernández Díaz decidió entonces firmar un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos con el fin de que los comisarios e inspectores jefes que no disponían de licenciatura se la sacaran en apenas un año mediante un curso online que costaba 3.000 euros a cada uno y cuya primera promoción acaba de finalizar.Entre los asistentes a este curso se encontraba el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, y otros altos cargos del cuerpo.
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