Más de la mitad de lo que se dice en un juicio con intérprete no se traduce a la persona enjuiciada, según un estudio

Un estudio liderado por el grupo de investigación de Mediación e Interpretación en el Ámbito Social (Miras) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y en el que ha participado el profesor del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Vigier Moreno, ha constatado "graves carencias" en la cantidad y la calidad de la información interpretada en los juicios a personas de habla extranjera.

Según un comunicado, los resultados de la primera fase del proyecto de Traducción e Interpretación en los Procesos penales (TIPp) se han dado a conocer tras el análisis de vistas interpretadas en inglés, francés y rumano. De esta forma, se ha comprobado que, de media, no se interpreta el 54 por ciento de la información hablada --51 por ciento en inglés, 39 por ciento en francés y 61 por ciento en rumano--. Este porcentaje comprende tanto la interpretación en voz alta, que queda registrada en las grabaciones, como la que hace el intérprete al oído de la persona acusada, que no queda grabada. Si sólo se tiene en cuenta la parte que se interpreta en voz alta, el porcentaje medio de lo que no se traduce llega al 70 por ciento.

Los investigadores han explicado que la interpretación judicial es un elemento clave para evitar cualquier estado de indefensión de la persona enjuiciada, que tiene derecho por ley a ser informada y a un proceso público con todas las garantías y derecho de defensa. Sin embargo, este estudio ha puesto de manifiesto una proporción muy elevada de información que no se interpreta, entre ella partes clave para el acusado como las conclusiones provisionales, los informes finales o la sentencia in voce; y también que se producen errores graves de traducción, que pueden influir en el resultado del juicio.

Asimismo, en cuanto a la calidad de la interpretación, se comete una media de 21 "errores graves" por hora. Estos "errores" suelen ser adiciones, falsos sentidos y omisiones, a pesar de que también se producen otros relacionados con el lenguaje judicial, como un registro inadecuado o falta de precisión. Por otra parte, también se han detectado intervenciones de los intérpretes para expresar ideas propias, aconsejar al acusado o advertirle, con una media de 45,5 veces por hora --50,2 en inglés, 11,9 en francés y 65,7 en rumano--.

Los resultados del proyecto han concluido que el personal de interpretación y las empresas proveedoras de este servicio "desconocen o no aplican el código deontológico existente", por lo que se "quiere hacer un llamamiento" a que se aplique en su totalidad la Ley Orgánica del 2015, que reconoce la traducción y la interpretación como parte del núcleo esencial de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva. De lo contrario, se estaría produciendo una "situación de violación de los derechos" de los acusados.

De esta manera, el estudio ha analizado un número representativo de procesos, en concreto 55 vistas con interpretación del inglés, francés y rumano de diez Juzgados Penales de Barcelona, celebradas en 2015, lo que representa casi la mitad de los Juzgados Penales que hay en la ciudad. Ha sido la primera vez que se ha podido utilizar información directa y trabajar con un corpus de datos auténticos --las transcripciones de las grabaciones en vídeo de las vistas-- para hacer un estudio sobre la "realidad" de la interpretación de los juzgados de España.

A raíz de los resultados del estudio, se ha estado desarrollando una plataforma informática y una aplicación para el móvil con varias herramientas: un protocolo de actuación en las situaciones habituales a las que se enfrenta el intérprete; una guía para funcionarios de la administración de justicia sobre el papel del intérprete y su interacción con ellos; y un tesauro con glosarios monolingües que incluyen los términos más habituales de los contextos en que se encuentra el intérprete judicial.

Por último, el proyecto TIPp, que acaba a finales de año, cuenta con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad de España. Las investigadoras principales son Carmen Bestué y Mariana Orozco-Jutorán, de la UAB. En su elaboración han participado también los investigadores Marta Arumí y Anna Gil-Bardají (UAB); Anabel Borja (Universitat Jaume I); Mireia Vargas-Urpi (Universitat Pompeu Fabra) y Francisco Vigier (Universidad Pablo Olavide).