El actual interventor de Bankia, Sergio Durá, ha aplaudido la gestión acometida por el actual presidente, Ignacio Goirigolzarri, y su CEO José Sevilla nada más aterrizar en la entidad en mayo de 2012 tras la salida de Rodrigo Rato. Al respecto Durá, que es el único investigado en el procedimiento que sigue en activo en el banco, ha confesado que ambos se propusieron "analizar el origen" de todos los problemas y tras un minucioso estudio de cómo estaba la situación y consultarlo con el auditor, llegaron a la conclusión de que había que reformular las cuentas debido "fundamentalmente" a las dificultades surgidas en el sector inmobiliario.
En su declaración ante el tribunal que juzga presuntas irregularidades por la salida a bolsa, Durá ha relatado cómo fue el proceso de transición en plena crisis del banco. Al respecto ha apuntado que pusieron en marcha un estudio pormenorizado para hacer un diagnóstico de la situación de los activos que cada dirección gestionaba y que determinó que era necesario adoptar "provisiones adicionales", según le comunicó Sevilla. "Llegamos a la conclusión de que lo que se estaba valorando por parte de esas dirección es que existían indicios conocidos con posterioridad a la formulación (de marzo de 2012) y que afectaban a hechos anteriores a 31 de diciembre de 2011", ha relatado.
Sobre la formulación de estos últimos estados en marzo de 2012, Durá ha recordado que todos los consejeros que dieron el visto bueno a los mismos -por unanimidad- podrían haberse abstenido teniendo en cuenta que no contaban con el informe del auditor externo. "Yo creo que formularon las cuentas bien porque estaban bien. Podían no haber formulado o haber requerido al auditor que viniera. El consejo está en su derecho de cambiar las cuentas y nadie lo hizo", ha expuesto Durá que afronta una petición de cárcel por parte de las acusaciones del procedimiento de dos años y medio por el delito de falsedad contable.
"Como a mi se me acusa falsedad contable yo lo que digo es que presenté todos los extremos de las cuentas anuales en los consejo", ha respondido a preguntas de la fiscal Anticorrupción, Carmen Laúna. Aunque su versión contrasta con la expuesta durante todo este tiempo de vista oral por el resto de acusados -quienes mostraron su apoyo a los estados contables por confianza en Deloitte y por responsabildad- el interventor del banco ha confesado que no era especialmente extraño que las cuentas no contaran todavía con el visto bueno del auditor Francisco Celma porque la coyuntura no era normal. "No hay un precedente en España en el que se integran siete sociedades a la vez. Esto es un proceso super complejo y en aquel momento la situación era muy complicada. "¿Era normal que hubiera un tema pendiente de auditoría? Sí", ha respondido.
Por ese motivo también ha justificado que se presentaran las cuentas sin auditar ante la CNMV el 30 de abril de ese mismo año en tanto era "un mandato legal" y se agotaba el plazo, aunque ha delegado cualquier responsabilidad en las relaciones que mantuvo el banco con Deloitte y con el socio auditor esas semanas. Sobre esto último ha insistido en varias ocasiones que, desde mediados de abril "la interlocución la llevaba el presidente", en referencia a Rodrigo Rato. Igualmente ha rechazado que se planteara una inyección de capital así como cualquier conocimiento del denominado 'plan Rato' que preveía un saneamiento de al entidad.
Ya a preguntas de su abogado, ha asegurado que durante la etapa previa a la relatada en la que sí estaba en contacto con Celma, nunca se le puso sobre la mesa salvedades a las cuentas de 2011 pese a que el propio socio auditor, también investigado en el procedimiento y cuyo interrogatorio tendrá lugar en las próximas sesiones, denunció mediante el envío de una serie de correos electrónicos a la entidad y a los que tuvo acceso este diario, que no disponía de todo el material necesario para poder emitir su valoración sobre dichos estados financieros.
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