La interventora contraria a Pallaresa dice que le obligaron a firmar a favor: "Me ponían el boli en la mano"

La interventora interina en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet durante la época de la trama Pretoria que se juzga en la Audiencia Nacional, Maite Carol, ha denunciado este miércoles que recibió presiones para que firmara a favor de la modificación de usos de la operación urbanística conocida como 'Pallaresa' asegurando que le llegaron a poner el bolígrafo en la mano.

En su declaración en calidad de testigo ante el tribunal que juzga la trama de corrupción urbanística desarrollada en Santa Coloma de Gramenet, en Sant Andreu de Llavaneres y en Badalona, la interventora ha asegurado que su intención era conocer qué consecuencias económicas iba a tener para el consistorio catalán el cambio de condiciones del proyecto Cubics que otorgaba más terreno a la creación de viviendas y menos a la zona comercial.

Carol, a la que el exalcalde de Santa Coloma tildó de 'imbécil asquerosa' según se desprende de escuchas telefónicas reproducidas en el juicio, ha concretado que su intención era únicamente conocer el precio del suelo en 2001, 2004 y 2009 y que el secretario del Ayuntamiento Francisco Javier Ezquiaga y los técnicos del mismo "se pusieron muy nerviosos" y mandaron destruir un informe que concretaba que dicho valor había pasado de 10,5 a 30 millones de euros.

La testigo ha precisado ante el tribunal de la Sala de lo Penal que le dijeron que si no firmaba favorable a esta modificación no le querían volver a ver por el Ayuntamiento de Santa Coloma y que toda la presión que ejerció el exalcalde Bartomeu Muñoz estuvo "canalizada" a través de Ezquiaga, quien le ocultó parte del expediente partidario de la operativa para que emitiera su valoración y se llevara a Pleno cuanto antes, según ha expuesto.

Ezquiaga y el técnico Luis Falcón indicaron ayer que los usos se modificaron para salvar la operación si bien la fiscal Anticorrupción del caso, Ana Cuenca, apunta en su escrito de conclusiones provisionales que se trató de una operativa para revalorizar el terreno sin beneficio alguno para el Ayuntamiento pero que generó unas plusvalías de 18 millones de euros para la sociedad adjudicataria del proyecto (Centre Comercial Gramenet, integrada por la empresa Proionosa, de Josep Singla y por Tultar, de Luis García 'Luigi', el cerebro de la trama).

PRESIÓN PARA PRECIPITAR LOS TIEMPOS

Por su parte, María del Carmen Moraira, teniente de alcalde de servicios territoriales, también ha reconocido que el exedil socialista "marcaba los tiempos" y presionaba en los procedimientos con el fin de precipitarlos."El fin era que no pudiéramos pensar en las consecuencias, yo creía que era porque realmente nuestro proyecto político era ambicioso y bueno para la ciudad pero después de esta investigación mi idea ha cambiado", ha dicho.

En contra de la tesis defendida por algunos acusados como Bartolomé Muñoz que negaron controversias entre los técnicos y la interventora, Moraira ha asegurado que la reunión mantenida en el consistorio entre las partes fue "muy tensa" y terminó en enfrentamiento entre Maite Carol y Ezquiaga por la idoneidad de dicha operativa. Lejos de existir una relación fluida entre el equipo técnico "más bien había crispación", ha dicho.

Además de Carol y Moraira han declarado como testigos otras cinco personas vinculadas al proyecto como Enrique Viñas y Rafael Carlos Serratosa administrador y director financiero respectivamente de la inmobiliaria Prosavi, que compró las acciones de Centre Comercial Gramenet en 2005, cuando se produjo la primera revalorización del terreno.

Al respecto Viñas ha explicado que Luigi -para el que la fiscal pide ocho años de prisión-- fue el que le ofreció participar en la operación Cubics ya que se trataba de un movimiento "muy interesante" porque en esa fecha "quien tenía una operación inmobiliaria tenía oro en la mano".

La causa que se juzga tras ocho años de investigación iniciada por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sienta en el banquillo de los acusados al exconseller de Economía catalán Macià Alavedra y al exsecretario de Presidència Lluis Prenafeta -ambos hombres fuertes de Jordi Pujol-- quienes reconocieron el cobro de comisiones del 4 por ciento por mediar en estas operativas desarrolladas en la trama desarrollada en el área metropolitana de Barcelona.