Otros dos interventores andaluces de los cursos de formación aseguran a la juez que no apreciaron delito

Los interventores de la Junta de Andalucía en las provincias de Jaén y Málaga han declarado este jueves como testigos ante la juez María Núñez Bolaños dentro de la causa donde se investigan las irregularidades en los cursos de formación, y en concreto dentro de la pieza separada que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y han asegurado que únicamente detectaron "irregularidades administrativas" y no delitos.

De este modo, los interventores de la Junta en Jaén, Pedro González Gámez, y en Málaga, Juan José Delgado Utrera, han comparecido este jueves ante la magistrada y han coincidido en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado, tal y como han venido manifestando el resto de interventores que han declarado ante la juez.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el interventor en Málaga ha señalado que en esta provincia "no se detectaron irregularidades que hicieran necesarias un control especial", añadiendo que, "en su opinión, había un volumen enorme de expedientes que no sabe" si se debía a "falta de personal".

De igual modo, el interventor en la provincia de Málaga ha puesto de manifiesto que "no tiene elementos de juicio para determinar si había una trama para malversar", de manera que lo que él detectó fueron "irregularidades administrativas", pues "si hubiera observado indicios de delito lo hubiera denunciado".

De su lado, el interventor de la Junta en Jaén, Pedro González Gámez, ha indicado que "nunca pidió documentación complementaria además de la certificación, no porque sospechara o no sospechara de que se pudieran cometer irregularidades, sino porque ello era imposible por falta de medios".

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

"Como no tiene medios, ni se lo plantea", ha subrayado el interventor, quien ha añadido que "si hubiera sospechado algo hubiera hablado con la Intervención General para pedir medios", aunque "en una fiscalización previa" de los cursos de formación "pocos datos se tienen para poder observar la existencia de fraude".

En este sentido, ha precisado que en la fiscalización previa "se aporta un informe de valoración sobre los criterios utilizados para seleccionar las empresas, las admitidas y las excluidas".

Asimismo, este interventor ha afirmado que, para expedir un certificado de finalidad, la entidad beneficiaria "tenía que presentar una memoria justificativa y una auditoría externa", y con esos documentos el órgano gestor "tenía que hacer una valoración jurídica", aunque ha opinado que "es discutible que el órgano beneficiario tuviera que presentar además documentación justificativa" como facturas.

De este modo, ha precisado que "no tiene constancia de la existencia de instrucción alguna que resuelva la duda o discutibilidad sobre la obligación de aportar documentación, facturas, para el certificado de finalidad".

"ADMINISTRATIVAS O FORMALES"

Tras aseverar que él "no puede decir que esos certificados fueran falsos" y que "no tenía por qué pensar que con el certificado de finalidad se estuviera ocultando nada", el interventor ha agregado que "las irregularidades detectadas son solo de carácter administrativo", pues "si hubiera observado irregularidades penales las hubiera denunciado".

Para finalizar, ha defendido que en el informe de cumplimiento del SAE de 2012 "se cumplió con la legislación aplicable, y así se recoge con las salvedades de irregularidades administrativas que constan en el informe", añadiendo que el informe de cumplimiento de 2014 "es desfavorable".

"Si hubiera detectado alguna irregularidad grave la hubiera puesto de manifiesto", ha apostillado, señalando que "puso en fiscalización previa reparo a certificados de finalidad que fueron subsanados por el órgano gestor" y que "todas las irregularidades que había detectado eran administrativas o formales".

NO APRECIA "MENOSCABO" DE FONDOS PÚBLICOS EN JAÉN

Así, ha asegurado que "no ha apreciado la existencia de menoscabo de fondos públicos en la provincia de Jaén".

Además de a los interventores de Jaén y de Málaga, la juez ha tomado ya declaración como testigos a los interventores de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa; de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez; de Almería, Juan José Castillo, y a la interventora de la Junta en Cádiz, Nieves Chao Serrano.

La instructora ha aplazado de este jueves al próximo día 14 de junio, por motivos médicos, la comparecencia de la interventora provincial de Sevilla, Victoria López Gutiérrez, mientras que el interventor de Córdoba, Antonio Escudero Miralles, hará lo propio el próximo día 17 de mayo.