Los accionistas se han plantado. Tras la crisis desatada en Dia por sus graves problemas para refinanciar la deuda, los minoritarios han recurrido a la CNMV, a la que exigen que tome medidas de calado para evitar las estrategias especulativas en corto por parte de empresas que cotizan en Bolsa.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) no solo se dirige al regulador sino también a los grupos parlamentarios de la cámara baja con el principal objetivo de lograr mayor protección para enfrentar a este tipo de acciones. Las medidas se adoptan, explican, porque en España, desde hace muchos años, se producen "ataques especulativos" con los que propiciar el hundimiento de determinados valores.
Con motivo del proceso de reforma de la Ley del Mercado de Valores, desde la asociación reclaman que se ponga el foco en la transparencia en los préstamos realizados para efectuar operaciones en corto. Al respecto, recuerdan que el Ibex es, junto con el FTSE MIB-40 de Milán, uno de los índices con mayor porcentaje de empresas que han sufrido ataques especulativos en Europa a finales del pasado año, llegando a doblar los niveles de Londres y triplicar los de Franckfurt.
En cifras, más del 45% de las empresas cotizadas en el Ibex han sido objeto de este tipo de operaciones en lo que llevamos de año. Al reciente caso de Dia -que acaba de cerrar un preacuerdo de ampliación de capital de 600 millones de euros- hay que sumarle el de Cellnex, Amadeus, Técnicas Reunidas, Bankia, Enagas, Gamesa, Acciona e Iberdrola, entre otras, de acuerdo con la nota difundida por la asociación. También denuncian esta práctica entre sociedades del mercado continuo como es el caso de Pharma Mar, OHL, Ferrovial o Aedas Homes.
Por todo ello, los minoritarios instan a la cámara baja y al gobierno a que se facilite a la CNMV y a la sociedad emisora información con carácter diario de todas las operaciones en corto a la par que se disminuya el umbral de notificación obligatoria en las posiciones cortas a supervisores y reguladores. Ello conlleva a la obligatoriedad de que se publique información relevante más detallada sobre estas acciones, además de la identidad del inversor, del prestamista y del titular de las mismas.
Consentimiento de los inversores
Otra de las proposiciones efectuadas es que cualquier persona física o jurídica que ostente posiciones cortas sobre acciones u participativas informe sobre este asunto cuando los valores excedan el 0,1 por ciento del capital social admitido a negociación del emisor. Sin olvidar de la conveniencia de que se facilite que estos actores puedan prestar consentimiento informado sobre el asunto.
La última medida consiste en prohibir la alteración en el precio de órdenes de venta en corto con el fin de que no se generen tendencia en los precios futuros. De cara a ello, se propone también limitar el porcentaje máximo de capital de una sociedad que pudiera ser mantenido en posiciones en corto a un 10 por ciento. Superado el mismo, se prohibiría igualmente realizar estas operaciones sobre los valores emitidos.
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