La decisión del Rey Emérito de regularizar su situación con Hacienda para evitar enfrentarse a una causa penal busca desactivar las vías abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Hasta la fecha, el Ministerio Público suma un total de tres investigaciones por la gestión que Juan Carlos I ha hecho de su patrimonio en el extranjero. Ahora, tras el intento de su defensa de neutralizar la relativa al uso de unas tarjetas opacas, el foco se centra especialmente en las últimas diligencias abiertas hace apenas unas semanas y en las que se investiga un supuesto movimiento de fondos que tendría ocultos en la Isla de Jersey.
Se trata de unas pesquisas que, como ocurre con las otras dos, las dirige un equipo de fiscales de Sala del alto tribunal capitaneados por Juan Ignacio Campos. El asunto está todavía en fase "embrionaria" pero el objetivo es dilucidar si hubo o no movimiento de estos fondos de los que alertó el Sepblac en un informe remitido a Anticorrupción. El órgano que dirige Alejandro Luzón no abrió diligencias y lo remitió a la Fiscalía del alto tribunal por ser la que ya asumía dos investigaciones también ligadas a la fortuna oculta del Emérito. Los fondos, según informó La Sexta, se aglutinaban en una cuenta activa y alcanzarían los 10 millones de euros, si bien el entorno del Emérito niega los hechos y rechaza también que hubiera dado órdenes de mover dinero alguno fuera de España.
A falta de saber cómo avanzan las diligencias, el monarca se ha centrado en desactivar la segunda de ellas, relativa a unas tarjetas de las que hicieron uso algunos miembros de la Casa Real y que estaban a nombre de un tercero: el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza. No obstante, las cuantías que cargaron a los plásticos entre los años 2016 y 2018 no eran de esta persona cercana a la Familia Real sino del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. El magnate costeó una serie de regalos y pagos por los que no tributó el monarca, motivo por el cual esta pasada semana presentó una declaración voluntaria "sin requerimiento" para saldar su deuda cercana a los 680.000 euros con el fisco. Así lo trasladó en un escueto comunicado su defensa letrada que ejerce el despacho del fiscal Javier Sánchez Junco.
La notificación es la clave
La intención es evitar a toda costa la apertura de un procedimiento penal; movimiento que todavía no se ha producido, teniendo en cuenta que todas estas diligencias no están judicializadas. Se acoge de este modo a lo estipulado en el artículo 305.4 del Código Penal. El mismo deja patente que la situación queda regularizada si el pago de la deuda se produce antes de que se le notifique el inicio de actuaciones o bien antes de que se interponga querella o denuncia contra él. Fuentes de la Fiscalía explican que la entrega de esta documentación efectuada por peritos de Hacienda no implica el cierre del caso. Ahora, el equipo de fiscales designado para este asunto se centra en estudiar todos los documentos relativos a la regularización para analizar la respuesta adecuada.
En noviembre se dio traslado a su defensa legal de que existían estas pesquisas no judicializadas, lo que implica que la clave reside en la interpretación que se haga del artículo 305.4 del Código Penal. Para ello será determinante averiguar cómo se produjo esa notificación, especialmente teniendo en cuenta la similitud de este asunto con otro que dirimió el Tribunal Supremo hace ahora casi dos años relativo a la situación de un empresario gallego. En una sentencia de la que fue ponente el magistrado Antonio del Moral, el alto tribunal dejó claro que una regulación tributaria efectuada tras una citación de la Fiscalía no podía absolverle de su responsabilidad.
La Sala que preside el magistrado Manuel Marchena valoró el caso de un empresario gallego que estaba siendo investigado por el Ministerio Público por delitos fiscales. Los magistrados sentenciaron que no se podía entender como una regulación voluntaria ese pago a Hacienda dado que se había producido tras una "citación" para declarar en sede fiscal. Más bien al contrario, hablaron de esta advertencia producía un efecto de "bloqueo automático" y ello pese a que la misma no fuera precisa sobre los delitos que se le incriminan. "El Código Penal quiere premiar la espontaneidad", sentenció el fallo en referencia a que lo ocurrido era justo lo contrario, dado que se trató de una "regularización forzada".
Una investigación decae
Precisamente este mismo viernes el órgano que dirige Dolores Delgado despejaba cualquier duda a la posibilidad de que el pago al fisco del monarca implicara el cierre inmediato de las pesquisas y además hablaba de que se iba a estudiar la "espontaneidad" de su declaración. La nota, que se divulgó tras la reunión del equipo de fiscales encargados de este tema, dejaba patente que existía una investigación "más amplia" al Emérito, sin especificar el contenido de la misma, por su carácter secreto. Sea como fuere, el grueso de las pesquisas se centran en estas dos líneas de investigación ya que, la primera estaría muy cerca del archivo, según fuentes del Ministerio Público.
Cabe recordar que esa primera línea de investigación al Rey devino del caso Villarejo. En concreto, de unas confesiones de la que fuera amiga íntima suya, Corinna Larsen, al comisario jubilado. La consultora alemana le habló de unas cuentas en el extranjero e incluso insinuó que se habrían pagado comisiones para que el consorcio español se adjudicara la construcción del AVE que iba a unir La Meca y Medina. El entonces juez del caso Villarejo, Diego de Egea, dio carpetazo rápido al asunto al considerar que los hechos a los que se referían pertenecen a un periodo en el que Juan Carlos I era jefe del Estado y, por tanto, inviolable. Sin embargo, Anticorrupción (que también pidió el archivo) abrió una investigación interna que discurrió en paralelo a las pesquisas realizadas por el fiscal suizo Yves Bertossa.
De los registros practicados allí en el despacho de Arturo Fasana (gestor del Emérito) se descubrió la existencia de unas sociedades que pertenecerían en última instancia al Monarca y en las que ingresó una donación de 100 millones de dólares (65 millones de euros) del rey saudí Abdalá Bin Abdelaziz en 2008. Cuatro años después se efectuó de la cuenta en suiza una transferencia por el mismo importe a Larsen, la cual justificó el ingreso asegurando que se produjo por el cariño que le tenía el Emérito a ella y a su hijo. El hecho de que las pesquisas afectaran al Rey hizo que Anticorrupción derivara las diligencias a la Fiscalía del Supremo. Sin embargo, la parte relativa a los empresarios españoles ha vuelto al órgano que dirige Alejandro Luzón mientras que la que afecta al rey apunta a que acabarán archivándose por su condición de Jefe de Estado los años en que se produjeron los hechos.
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