El miércoles, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que permite a la fiscalía de lavado de activos continuar con las investigaciones a Heredia, quien además es presidenta del gobernante Partido Nacionalista.
"Estoy decepcionada por la decisión de este tribunal (...) me siento desamparada con la justicia, porque ha desatendido sus funciones constitucionales", dijo Heredia en una conferencia de prensa, donde aseguró que no existen pruebas en su contra y dejó abierta la posibilidad de acudir a tribunales internacionales para defenderse.
Heredia cuestionó que el fallo "haya sido emitido con una velocidad inusitada", cuando los magistrados del máximo tribunal peruano debían leer un voluminoso expediente de más de veinte mil folios.
"Cuando los que imparten justicia aceleran la decisión de esa manera al punto de no escuchar los argumentos de una de las partes, es factible dudar de sus propias motivaciones", señaló.
El Tribunal Constitucional rechazó un recurso presentado por la defensa de Heredia para detener la investigación y dejó el camino libre a la fiscalía para continuar con sus indagaciones, que comprende un caso de presuntos ingresos injustificados por unos 215.000 dólares entre 2005 y 2009, cuando era una ciudadana común, lapso en el cual la campaña de Humala recibió aportes de empresas venezolanas.
El propio Humala descartó en su momento que hubiese alguna ilegalidad en ello y aseguró que fueron donaciones formales.
Heredia también es investigada por el contenido de unas agendas que serían de su propiedad, y en donde están consignados montos y transferencias de dinero presuntamente referidos a la campaña electoral de su esposo.
La primera dama informó que tiene diez investigaciones en diversas fiscalías y comisiones en el Congreso, "todas ellas presentadas por personajes desconocidos y sin ninguna prueba".
El tema recrudeció esta semana luego de que el gobierno destituyó el martes a la procuradora de lavado de activos a cargo del caso, Julia Príncipe, quien acusó haber sido presionada por el ministerio de Justicia e impedida de referirse públicamente a la investigación. Príncipe había señalado que existían indicios de que Heredia era propietaria de las agendas, y había solicitado una pericia grafotécnica para comprobarlo.
En momentos en que la oposición pedía su cabeza y tras las acusaciones de Príncipe, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, fue reemplazado en el cargo el miércoles por el abogado Aldo Vásquez.
El relevo de Príncipe fue ampliamente rechazado, incluso por parlamentarios oficialistas que consideraron que no era el momento para retirarla teniendo en cuenta que realizaba una investigación a la primera dama.
Para Heredia, la salida de la procuradora terminó perjudicándola, en medio de la crisis política que afecta al gobierno.
La vicepresidenta Marisol Espinoza renunció recientemente al partido de gobierno y a su bancada, sumándose a una escalada de deserciones en el oficialismo cuyo denominador común son las discrepancias con Heredia, a quien se percibe en los sondeos como una cogobernante.
Una encuesta de octubre muestra una desaprobación de 84,4% para Humala y de 82,6% para Heredia.
Heredia responsabilizó a los partidos de oposición por atacarla e incluso haber sembrado la idea de una eventual candidatura presidencial suya o de que su esposo no toma decisiones sin su aprobación.
"No lo critiquen (a Humala) por reconfortarse en su familia (...) Las decisiones de gobierno las toma el presidente con su consejo de ministros", aseveró, en respuesta a cuestionamientos hechos por Keiko Fujimori, la favorita en las encuestas para suceder a su esposo cuando acabe su gestión en julio del próximo año.
La hija de Alberto Fujimori, el expresidente condenado por crímenes contra los derechos humanos, ha pedido a Heredia que deje las funciones de primera dama. El alboroto político se ha intensificado con la cercanía de las elecciones generales de abril 2016.
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