Durante su interrogatorio durante la vista oral, el perito se ha ratificado íntegramente en el informe que aportó a la causa en este sentido y ha justificado las cantidades que percibió Lobby, una mercantil que, según ha señalado, tenía "suficientes conocimientos" en la materia así como a nivel técnico. "Se cobra más o se cobra menos, pero sería tonto que [el propietario de la empresa] Miguel Zorío no cobrara más", ha espetado.
El catedrático ha asegurado tener "una gran experiencia" en el análisis de este tipo de trabajos, justificando así sus respuestas en un tenso interrogatorio con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
Cabe recordar que, durante su declaración en el juicio, la que fuera subsecretaria de Presidencia de la Generalitat Valenciana Isabel Villalonga señaló que rechazó el pago de 123 facturas presentadas por el Instituto Nóos en el marco de los JJEE por un importe de hasta 1.983.479 euros al entender que no estaban debidamente justificadas.
Entre las facturas que se rechazaron una de ellas correspondía a la subcontratación de Lobby por 241.971 euros por servicios que no se habrían prestado. De hecho, el juez que instruyó las pesquisas, José Castro, apuntó en su día al respecto a las "serias dudas" de la existencia de los trabajos "en tanto los documentos que dicen contenerlos han desaparecido de los archivos de la Generalitat".
Del mismo modo, la Generalitat rechazó 45 facturas de la empresa Virtual Strategies, por 359.136 euros; 13 facturas de Concept BPMO por 143.840 euros; 18 de Lobby Comunicación por 581.717 euros; 24 facturas de Shiriaimasu por 398.576; diez de Torres Tejeiro SL por 121.626 euros; tres del propio Instituto Nóos por 236.640; cuatro de Isidre Rigau por 32.320; cuatro de Valentín Giró por 9.624; una de Marcel Planellas por 30.000 y, finalmente, una última de Aizoon por 70.000 euros.
La única partida que, según recordó Villalonga, fue justificada por el Instituto fueron los 382.000 euros que acabó cobrando de forma presuntamente irregular la entidad de la Generalitat por unos JJEE que resultaron inexistentes. El importe total que contemplaba el convenio para este evento era de seis millones de euros.
En concreto, el convenio fue suscrito el 23 de diciembre de 2005 por Víctor Campos en representación de la Generalitat -de la que salieron los fondos-, Diego Torres y por el exconseller Esteban González Pons en nombre de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.
El juicio se reanudará el próximo martes con la continuación de la prueba pericial, que se prevé finalice el jueves con la declaración de varios agentes de la Policía Nacional. Ese mismo día o ya el viernes tendrá lugar la prueba documental, toda vez que arrancará la exposición de conclusiones, en la que deberán estar obligatoriamente presentes los 17 acusados de la causa, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina.
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