Dice la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobada en el año 2015, que los directores generales del Gobierno "serán nombrados a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno", que dichos nombramientos "habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales" y que si en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General se requiriera de un perfil ajeno a la Función Pública deberá "motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional", así como la 'idoneidad' para ese puesto específico de la persona seleccionada.
El Real Decreto que fija la estructura de los departamentos ministeriales del nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas dedica nada menos que cinco páginas a glosar las "circunstancias excepcionales" que le han llevado a cubrir nada menos que 23 puestos de directores generales con personas ajenas al nivel A1 de la Administración, el que ha sido formado para desempeñar funciones directivas en el sector público. La cifra no tiene parangón y supera holgadamente las excepciones solicitadas en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy o por el de Pedro Sánchez, sin ir más lejos, hace poco más de un año, cuando tramitó siete.
El fenómeno ha sido particularmente intenso en el área de Gobierno responsabilidad de Podemos. De los 15 direcciones generales o cargos con rango de dirección general cuyos nombramientos han dependido del equipo de Pablo Iglesias, solo dos se han ocupado con arreglo a lo establecido en la legislación vigente: la Dirección General para la Discapacidad y la Dirección General de Ordenación del Juego, recién llegada al Ministerio de Consumo tras romper su tradicional vinculación al Ministerio de Hacienda como consecuencia de la nueva estructura del Gobierno. Para ocupar las trece direcciones generales restantes, los ministros de Podemos han optado por personalidades afines ajenas a la carrera de la Administración Pública.
Los argumentos de los diferentes ministerios merecen una lectura: "exige de su titular un conocimiento transversal que puede ser difícil de alcanzar restringiéndonos al ámbito de la función pública", dicen de la Dirección General del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas; "debe conocer el mundo de las letras o de las empresas editoriales", se justifican en el caso de la Dirección General del Libro; "trasciende a las normales competencias administrativas", sostiene el departamento de Pablo Iglesias para explicar por qué sus direcciones generales deben ser ocupadas por personas ajenas a la Administración.
Un caso particularmente llamativo es el de la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, dependiente del Ministerio de Alberto Garzón, que en apariencia parece una competencia que no podría estar más vinculada a lo público, pero que en opinión del ministro de Izquierda Unida debe ser cubierto por "personas que hayan demostrado previamente una carrera profesional, que acredite suficientemente la cualificación y experiencia necesarias para organizar y coordinar procesos tan diversos". Curiosamente, este puesto que aparece como la punta de lanza de la defensa del sistema público de salud tampoco estuvo ocupado durante la etapa de María Luisa Carcedo por una alta funcionaria...
El equipo de Iglesias ha 'tirado' para ocupar esos puestos de militantes del partido, como Beatriz Gimeno (Instituto de la Mujer) o Rita Bosaho (DG Diversidad Racial); académicos afines de ámbito universitario, como Maravillas Espín (DG Trabajo Autónomo) o Bibiana Medialdea (DG Consumo); personalidades del tejido de la sociedad civil, como las activistas Boti García (DG LGTBI) y Sergio García Torres (DG Derechos de los Animales); e incluso independientes, como la editora María José Gálvez (DG Libro) o Gabriel González-Bueno Uribe (DG Derechos de la Infancia).
El 'área socialista' también limita la tecnocracia
El caso de los ministerios controlados por Podemos es más extremo, pero en el 'ala socialista' del Gobierno tampoco se han contenido mucho a la hora de recurrir a personalidades de fuera de la Administración Pública para cubrir esas plazas de director general supuestamente reservadas por ley a los altos funcionarios del Estado. Hay casos que ya vienen 'arrastrados' de la anterior etapa de Gobierno socialista como el de las directoras generales de Política Energética y Minas o de la Oficina Española de Cambio Climático, aún no ratificadas oficialmente pero que apuntan a la continuidad, pero hay otros de nuevo cuño.
Aún no se sabe la identidad de las personas que ocuparán esos cargos, pero sí sabemos ya, por el decreto de estructura de Gobierno, que Ábalos ha pensado en personas ajenas a la Administración para ocupar dos de las direcciones generales de su remozado Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la de Infraestructura y la de Agenda Urbana y Arquitectura.
Curiosamente, uno de los ministros del Gobierno socialista que más ha peleado por hacer hueco en su departamento a tecnócratas de alto nivel, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también ha recurrido a la excepción que permite la norma para ocupar dos de las direcciones generales de su departamento: la de Migraciones y la de Inclusión y Atención Humanitaria.
Indignación en los cuerpos superiores del Estado
"Han convertido la excepción en la regla. No vemos las promesas de regeneración por ninguna parte", lamenta el presidente de la plataforma que agrupa a las organizaciones de cuerpos superiores de la Administración del Estado, Fedeca, el inspector de Hacienda, Jordi Solé. Solé recuerda que la reserva legal de esos puestos a altos funcionarios no es ningún capricho sino un intento de apuntalar la instalación de los principios de mérito y capacidad en el acceso a la alta dirección de las instituciones del Estado, al margen de otros criterios más arbitrarios.
En un comunicado enviado ayer por la organización, Fedeca lamentaba esta nueva oleada de nombramientos al margen de esos principios y reclamaba que "es indispensable y urgente acabar con la práctica imperante de que, al inicio de cada legislatura de cualquier color político, a modo de botín electoral, se exceptúe del requisito de ser funcionario a un número creciente de direcciones generales – que varían en cada ocasión según los intereses partidistas del momento – para continuar con la politización de todos los niveles de la Administración".
Fedeca lleva años reclamando a los sucesivos gobiernos la introducción de un sistema de nombramientos de directores generales que prime de forma explícita el mérito y la capacidad, a partir de una comisión independiente que seleccionara entre los altos funcionarios disponibles a los que acumularan más méritos en su trayectoria profesional hasta disponer una terna entre la que el cargo político podría escoger con libertad el perfil que considerara más oportuno. Estiman que con un esquema de este tipo quedaría garantizado el respeto a los principios de mérito y capacidad y también el margen de maniobra del político para seleccionar al directivo que más le convenza.
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