Italia avanza en su plan para aliviar la superpoblación de sus cárceles

Roma, 9 feb.- Italia dio hoy un paso más en su plan para aliviar la superpoblación de sus centros penitenciarios con la aprobación, por parte de la Cámara de los Diputados, de la cuestión de confianza planteada por el Gobierno sobre un paquete de reformas bautizado como "vacía-cárceles".

La cuestión de confianza sobre el decreto ley aprobado por el Gobierno salió adelante con 420 votos a favor, 78 en contra y 35 abstenciones, con lo que el Ejecutivo ha logrado blindar el contenido del texto, que se votará de forma definitiva en la Cámara baja el próximo martes.

El recurso a las cuestiones de confianza es una estrategia que utilizan los gabinetes italianos para acelerar las aprobaciones de las leyes, ya que permite evitar el debate de enmiendas parlamentarias, aunque en caso de que no sean refrendadas implica una pérdida del apoyo del hemiciclo, lo que puede abrir una crisis de gobierno.

Entre las medidas que contiene el texto, una de las que ha generado más polémica ha sido la que permite que los presos puedan descontar los últimos 18 meses de su pena en arresto domiciliario, frente a los 12 previstos hasta ahora, siempre que el juez lo considere adecuado y hayan superado las pruebas de buena conducta.

Una norma que permitirá que cerca de 3.300 reos abandonen la cárcel y con la que el Ejecutivo espera, además de reducir la población penitenciaria italiana, un ahorro de 350.000 euros diarios.

Otra propuesta incluida en el paquete de reformas del Gobierno que ha despertado polémica ha sido la que prevé el cierre de los seis hospitales psiquiátricos judiciales que existen en el país, antes del 31 de marzo de 2013.

Estas estructuras fueron objeto de denuncia por parte de varias organizaciones que señalaron las "condiciones inhumanas en las que vivían los internos".

La ministra italiana de Justicia, Paola Severino, salió hoy al paso de las polémicas en torno al tema y aseguró que "nadie ha pensado nunca en dejar en libertad a personas peligrosas".

Precisó que "el estado de detención se mantendrá para los enfermos con problemas mentales que hayan cometido un delito, solo que con la nueva norma se incentivará su cura".

Todas las regiones italianas deberán crear en el plazo previsto nuevas instalaciones, que cumplan con los requisitos mínimos para ser estructuras residenciales psiquiátricas.

A este respecto, el senador del progresista Partido Demócrata (PD) Ignazio Marino explicó que surgirán "verdaderos hospitales con entre 30 o 40 camas, dotados de los equipos necesarios para la asistencia a los pacientes, con enfermeros, médicos y psiquiatras".

Asimismo, el decreto ley del Gobierno contempla que aquellas personas detenidas "in fraganti" por delitos menores no entren en la cárcel a la espera de una decisión judicial, sino que se disponga su arresto domiciliario o sean retenidas en las celdas de seguridad de las comisarías.

Se recorta, además, el plazo para que un juez confirme la validez de una detención, que pasará de 96 a 48 horas.

De este modo, se pretende reducir el número de personas que entran en la cárcel por pocos días, pero cuya estancia supone un importante peso para las arcas del Estado.

Según explicó Severino durante la tramitación del texto, en Italia "unos 21.000 detenidos entran y salen de la cárcel en el transcurso de tres días".

Se calcula que en las prisiones italianas hay actualmente unos 67.000 detenidos, frente a las 45.000 plazas de las que disponen.