IU exige parar la reforma local y la llevará al TC si se aprueba sin consenso

  • Izquierda Unida ha pedido hoy al Gobierno que frene la reforma local y ha advertido de que si se aprueba sin consenso parlamentario la formación iniciará las "actuaciones pertinentes" para interponer un recurso de inconstitucionalidad.

Madrid, 27 feb.- Izquierda Unida ha pedido hoy al Gobierno que frene la reforma local y ha advertido de que si se aprueba sin consenso parlamentario la formación iniciará las "actuaciones pertinentes" para interponer un recurso de inconstitucionalidad.

Así lo ha asegurado el responsable de Política Municipal de IU, Manuel Fuentes, en un comunicado en el que exige la retirada del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de febrero.

La formación pedirá que se convoque "urgentemente" la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales para tratar esa cuestión, y en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamará una asamblea extraordinaria para abordar la propuesta.

Con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre la trascendencia que tendrá esa normativa en su "vida privada", Izquierda Unida va a iniciar una campaña en la que, entre otras acciones, contempla presentar mociones en los ayuntamientos y articular mecanismos de participación ciudadana.

El responsable de Política Municipal de IU alerta de que la reforma tendrá consecuencias "absolutamente negativas" para la ciudadanía y ha dicho que lo que busca el Gobierno es "abrir aún más las puertas a la privatización de los servicios públicos".

La formación entiende que no se puede plantear una reforma tan "importante y definitoria de la esencia del Estado" sin el acuerdo de la Administración local y la autonómica, al tiempo que reclama que "se respete y cumpla la distribución competencial de las comunidades autónomas recogida en los Estatutos".

Fuentes insiste en que IU seguirá reclamando una ley de financiación local que contemple la eliminación de los intereses de demora en el pago a la Seguridad Social y el retorno del IVA a las Administraciones locales.

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