Madrid, 8 sep.- IU e ICV han enviado hoy a todos los diputados del Congreso un formulario para que plasmen en él su interés en que la reforma constitucional se someta a referéndum, y han estimado que sólo les faltan tres firmas para llegar a las 35 -el 10 por ciento de la Cámara- que exige la Carta Magna.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, y su compañera en ICV, Nùria Buenaventura, han presentado hoy en conferencia de prensa el texto del recurso de amparo que durante los próximos días llevarán al Tribunal Constitucional con el fin de denunciar, han dicho ambos, cómo se les ha burlado el ejercicio parlamentario con una reforma consumada en"48 horas".
También han anunciado que esta misma mañana han remitido un formulario a todos los diputados para que se sumen a la celebración de un referéndum.
Según han contado, uno de los parlamentarios que más rápido ha contestado ha sido el socialista Antonio Gutiérrez, éste a favor de que se lleve a cabo la consulta popular.
La de Gutiérrez sería una más de las 32 firmas que, según Llamazares, tendrían "de partida", pues creen los autores del formulario que ésta es la cifra que resultaría de la adhesión de todos los diputados que durante estos días, en público, han expresado su inclinación por el referéndum.
Así pues, según estos cálculos, a IU y a ICV les quedarían tres firmas para plantear la consulta, ya que la misma Constitución establece que sólo es viable si la solicita el 10 por ciento de los miembros del Congreso, es decir, 35 de los 350 que hay en total.
Llamazares ha remarcado que los impulsores de la iniciativa se van a "batir el cobre", de forma que explorarán todas las vías posibles para conseguir que al final la reforma constitucional aprobada ayer definitivamente culmine en consulta popular.
En esta línea, el miércoles de la semana que viene los grupos parlamentarios más propicios al referéndum se reunirán con el fin de coordinar sus actuaciones.
El diputado de IU, quien ha comenzado su comparecencia con un mensaje de solidaridad con los trabajadores de los medios de comunicación, habida cuenta del ERE al que se enfrentará el diario "Público", ha reconocido que el éxito del formulario para que el Congreso abogue por el referéndum dependerá de los diputados socialistas descontentos con la reforma.
No obstante, según sus palabras, no se va a poner "la pistola en el pecho" de ningún parlamentario.
Esa "pistola", ha afirmado, "se la han puesto los mercados con la ayuda inestimable del bipartidismo".
Con todo, Llamazares, tras denunciar que "no es banal" que socialistas y populares "quieran cortar cuanto antes el debate" de la reforma, ha declarado que hablarán con los disconformes todo lo que puedan para convencerles.
Sobre el texto del recurso de amparo, el excoordinador de IU ha explicado que se trata del elemento central de la "fase de resistencia" a la modificación constitucional en la que han entrado los grupos que se oponen, terminada ya, y fracasada, la etapa parlamentaria.
Para Llamazares, urge recurrir a cualquier medio para dejar sin efecto "este golpe de los mercados a la Constitución".
El recurso de amparo se sustenta en dos argumentos, según ha explicado: por un lado, que se hurta a los ciudadanos de su derecho de participar en la reforma por medio de un referéndum, lo que hace del proceso de modificación constitucional "una reforma dura" que "amputa una de las bases esenciales" de la Carta Magna, su "base social".
Por tanto, la alteración del artículo 135 de la Constitución para encumbrar el principio de la estabilidad presupuestaria no cabía, ha proclamado Llamazares, por la senda del artículo 167, sino por la del siguiente, el 168, lo que habría llevado a la disolución de las Cortes, a un referéndum y a una "sopesada discusión parlamentaria".
El segundo argumento tiene que ver con la celeridad de la tramitación en las Cortes.
Según Llamazares, el Congreso, que ha llegado a emplear meses en el debate de una ley orgánica a través de ponencias y comisiones, ha dedicado ahora, para esta reforma constitucional, "apenas 48 horas".
Por todo ello, IU e ICV consideran que se les ha vetado su ejercicio parlamentario gracias a una reforma "fraudulenta".
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