Los portavoces en el Congreso de los Diputados de IU, Gaspar Llamazares, y de ICV, Joan Herrera, presentaron hoy una proposición de ley que promueve un cambio de "filosofía fiscal" que permita gravar a los que más contaminan.
Entre las medidas que contempla el texto destacan la aplicación de un sobrecoste de 20 céntimos de euro a las bolsas de basura de un solo uso o la aplicación de un gravamen a las operaciones de cambio de uso del suelo, desincentivando así la urbanización abusiva.
En nombre de IU, Llamazares dijo que el Gobierno "lleva demasiado tiempo en las musas, sin pasar al teatro" y sin concretar los cambios en política ambiental y sostenibilidad que viene predicando desde hace tiempo.
A su juicio, el próximo martes, cuando se someta al Pleno del Congreso la toma en consideración de esta proposición de ley, el Ejecutivo tendrá la oportunidad de demostrar que quiere "sustituir un modelo precario e insolidario, por un modelo de calidad y sostenible".
Por su parte, Herrera insistió en que más allá de las medidas concretas que contempla su iniciativa, "lo relevante es la filosofía" que subyace en el texto. Se trata, en definitiva, de que "pague más quien más contamina", que es la política que se aplica ya "en media Europa".
El portavoz de ICV cree que el Gobierno tiene ahora una "oportunidad de oro" para evidenciar su verdadera voluntad de cambio y pidió al Grupo Socialista que "esté a la altura" y presione al Ejecutivo para lograr su respaldo.
ICV espera "responsabilidad" de un Ejecutivo que dice querer subir los impuestos a los más ricos, pero que no cobra ni un sólo euro de más por el carburante que consume a quienes pueden tomar un jet privado para desplazarse, y mientras tanto congela las pensiones.
En definitiva, Joan Herrera, que ha trabajado junto con los sindicatos y las organizaciones ecologístas durante un año para cncretar la propuesta, pretende cambiar un "modelo que ahaora mismo ya no es nada sostenible ni solidario".
Nucleares e incineradoras
El proyecto de ley contempla la aplicación de un impuesto sobre la producción de energía termonuclear y el depósito y almacenamiento de residuos radiactivos. Se trataría de un impuesto estatal, que no se aplicará en las comunidades autónomas que ya tengan fiscalidad similar.
Parte de la recaudación que se consiguiera se destinaría a la creación de un Fondo de Alternativas Económicas para el desarrollo de las zonas de radicación de las instalaciones nucleares.
El impuesto que propone IU-ICV sería del 5% del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista y se establecería un segundo gravamen para el almacenamiento.
También propone la aplicación de nuevos impuestos al almacenamiento y la incineración de residuos convencionales y establece que la recaudación se ceda a las comunidades autónomas.
Una de las medidas estrella del proyecto es la aplicación de una tasa de 20 céntimos de euro a cada bolsa de plástico de un solo uso, y de 10 céntimos en caso de que esté fabricada con un material biodegradable. Un impuesto similar se aplica en Irlanda desde 2002, y ha logrado una reducción del 90% del uso de este tipo de bolsa.
También establece un impuesto de cambios de uso del suelo con el objetivo de desincentivar la urbanización excesiva. Tendría carácter estatal, aunque la recaudación correría a cargo de las administraciones locales.
Finalmente, destaca el impuesto que se aplicaría sobre las sustancias que general "elevado nivel de preocupación" por su incidencia sobre el aumento de casos de cáncer, la toxicidad en relación con la reproducción o su capacidad de provocar mutaciones.
Llamazares y Herrera estuvieron acompañados por representantes de sindicatos y de varias organizaciones ecologistas que expresaron su completo respaldo a la propuesta.
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