Iu plantea medidas para ilegalizar y disolver formaciones de ultraderecha

Izquierda Unida ha presentado varias iniciativas en el Congreso de los Diptuados para tramitar la declaración de ilegalidad y disolución de las formaciones de extrema drecha que realicen actuaciones ilegales.
Lo ha hecho a través de sus diputados y portavoces de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural en las comisiones de Interior y Justicia del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares, respectivamente.
El grupo parlamentario liderado por Cayo Lara ha tomado esta decisión a raíz de capítulos violentos acaecidos en los últimos meses y cuyo último exponentes ha sido el asalto protagonizado el miércoles en la delegación de la Generalitat en Madrid, en un actos de conmemoración de la Diada.
Así, el grupo parlamentario que lidera Cayo Lara ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno a “investigar las conexiones nacionales e internacionales, su funcionamiento y organización, sus actuaciones, las redes de financiación, los objetivos y fines de las organizaciones y grupos de extrema derecha que promueven la violencia fascista, el racismo y xenofobia en el Estado español”.
Que se adopten “las acciones legales necesarias para la persecución penal en aquellos casos en los que de su organización u actividad pudiera derivarse responsabilidad conforme establece nuestra legislación”, es otra de las propuestas.
IU señala que “en los últimos meses en la Comunidad de Madrid se han incrementado de forma alarmante los ataques, amenazas y agresiones fascistas que han tenido como respuesta la pasividad de la Delegación del Gobierno. Entre otros, varias sedes de IU han sido atacadas o han amenazado a cargos públicos, afiliados o simpatizantes”.
A juicio del grupo parlamentario que encabeza Cayo Lara, “no debemos quedarnos sólo en la denuncia institucional sin paliativos de la actuación de grupos de extrema derecha o de los delitos que estos pudieran cometer”. “En este contexto, es necesario exigir al Gobierno que ponga en marcha todos los instrumentos que la legalidad vigente pone a su alcance” para actuar en consecuencia, añade.
FISCALÍA
Además, Llamazares ha dirigido una carta al fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que abra “un procedimiento de declaración del partido político Alianza Nacional como asociación ilícita y, en su caso, a promover su ilegalización y disolución”.
En la misiva le solicita también “defender el interés general velando por la sanción pertinente a los autores del asalto al Centre Cultural Blanquerna por los delitos y circunstancias agravantes contemplados en los artículos 22.4, 501.1 y 515.5 del Código Penal”.
En este sentido, indica que el artículo 515.5 del Código Penal establece que son asociaciones ilícitas “las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión y creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía o incitan a ello”.
En la misiva, Llamazares documenta que Alianza Nacional (AN) es un partido político fundado en 2005 que se declara “heredera ideológica de los fascismos europeos”. De hecho, en el punto 8.1 de su “Declaración Política”, Alianza Nacional señala que “constituye una determinación” de su voluntad nacional “la expulsión de todos los colectivos de inmigrantes que soporta nuestra patria, lo que conlleva la revocación, con carácter general, de todas las concesiones de nacionalidad española a extranjeros’.
Indica también Llamazares que este grupo “que proclama su pretensión de ‘acción directa’, viene presentándose de forma testimonial en distintas convocatorias electorales”.
“La candidatura presentada en Chiva (País Valencià) fue especialmente polémica, debido a que uno de los candidatos cumplió condena por el asesinato en 1993 del joven Guillem Agulló. De otra parte, el Ministerio del Interior puede procurar a esa Fiscalía General una abundante y contrastada documentación de antecedentes policiales graves”, apunta Llamazares.