Hacienda golpea a las TV autonómicas: retiene 550 millones por la guerra del IVA

Hacienda está reteniendo la devolución a las comunidades autónomas de varios millones de euros por la famosa guerra del IVA. Se trata de un litigio que enfrenta al ministerio que ahora dirige María Jesús Montero con los diferentes ejecutivos autonómicos por una interpretación conflictiva durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente del departamento. Hay en juego casi 550 millones de euros en disputa, según la Forta. Son cantidades millonarias que habrían sido cobradas de más por la administración central y que los diferentes gobiernos regionales aspiraban a recuperar, al menos en parte, en vísperas de la cita con las urnas del próximo mes de mayo. Sin embargo, ahora Hacienda ha decidido que acudirá a la justifica europea.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), la máxima estancia en cuanto a las reclamaciones tributarias se refiere, ha decidido que planteará una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que exprese su opinión sobre el conflicto. En concreto, quiere saber si esta devolución del IVA encaja en el derecho comunitario. Esta decisión ha provocado que Hacienda haya decidido retener la primera tanda de devoluciones, según confirman fuentes cercanas al ministerio. Aunque esta cuestión prejudicial no esté formalizada a día de hoy, el departamento de María Jesús Montero ya está comunicando a las autonomías que no podrán contar con este dinero hasta que el tribunal con sede en Luxemburgo se posicione.

Hacienda, por tanto, se encontraba hasta este verano a un paso de proceder a las primeras devoluciones por este impuesto indirecto. En concreto, según publicó El Economista, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) había dado la razón a varias televisiones autonómicas por el cobro indebido de 136 millones en concepto de IVA durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Estos fallos abrirían la puerta a devoluciones similares por el cobro del impuesto durante los años 2015, 2016 y 2017, lo que dejaría en el aire el retorno de otros 364 millones. En total, los 550 millones de euros que podrían volver a las arcas autonómicas.

La no devolución de los primeros 136 millones ya está generando algunos roces con comunidades autónomas que contaban con estas cantidades para cuadrar sus cuentas de 2019. Hay casos especialmente polémicos, como el de Cataluña y TV3, que está viviendo una situación de dificultad financiera, según denunció su propio director Vicent Sanchis, y que ya ha ganado algún litigio a la Agencia Tributaria por el IVA. La televisión pública catalana debería recibir una devolución de 59,7 millones.

El Ministerio de Hacienda siempre ha sido un foco de conflicto entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos. En esta ocasión la situación es aún de mayor tensión, ya que las elecciones municipales y autonómicas se encuentran a la vuelta de la esquina y se trata de cantidades millonarias que las administraciones contaban con ellas. El choque del Gobierno central, por tanto, es tanto con gobiernos del PP (como Galicia) como, especialmente, con ejecutivos socialistas (como Andalucía, Valencia, Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha).

La guerra del IVA entre Hacienda y los trece gobiernos autonómicos con televisión propia data de 2014. Ese año la Agencia Tributaria cambió de criterio y consideró que las cadenas ya solo podían deducirse el IVA por su actividad comercial (acuerdos con anunciantes) y no por su actividad como servicio público (por los ingresos vía presupuestos que reciben). Hasta entonces podían deducirse el impuesto por completo. Esta nueva interpretación de las televisiones autonómicas como entes duales afectó a los ejercicios entre 2012 y 2014 y a partir de entonces Hacienda abrió inspecciones a las cadenas por cerca de 200 millones.

Para intentar acabar con estos litigios, el Gobierno de Rajoy introdujo en la Ley de contratos del sector público una disposición final para que los ingresos por subvenciones no estén sujetos a IVA y sí el resto de ingresos por su actividad comercial. Un nuevo embrollo legal, en definitiva, mientras que las cadenas afectadas han recurrido las últimas actas fiscales abiertas y se encuentran a la espera de la decisión de la Agencia Tributaria.