La expareja de Verónica, la mujer que se suicidó tras ver cómo un vídeo de contenido sexual que protagonizaba ella corría como la pólvora entre sus compañeros de trabajo, acaba de entregarse a la policía y ya ha sido detenido en una comisaría de Mejorada del Campo, localidad en la que reside. La Policía ya estaba investigando quién inició y quiénes colaboraron en los envíos entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares (Madrid).
El varón se ha entregado a las 16:00 horas en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo y se trataba del principal sospechoso de haber difundido el vídeo de su expareja. La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares. Fuentes de la investigación han confirmado que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana, como se había apuntado inicialmente.
Ahora, el caso se ha judicializado y se investigarán posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares (Madrid) ha decretado el secreto de las actuaciones.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la jueza ha acordado incoar diligencias previas una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le han remitido el atestado con las diligencias realizadas hasta este momento.
La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa. La jueza que se encargó del levantamiento del cadáver será la misma que ahora investigue el caso.
El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Fuentes cercanas al caso informaron a Efe de que no existe un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde "dentro de la propia empresa".
Según explicó CGT Iveco cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.
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