Un aval hipotecario como fórmula para evitar la cárcel tras su detención en la 'Operación Titella'. El productor José Luis Moreno presentó este jueves en la Audiencia Nacional la documentación que acredita el aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le impuso el juez Ismael Moreno para evitar su ingreso en prisión provisional. Dado que el pago mediante fianza hipotecaria exige que sea por el doble de la cantidad exigida, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional tiene ahora que designar a los peritos que tasarán las propiedades presentadas como aval y cuyo valor total debería alcanzar por tanto los 6 millones.
El titular del juzgado ha permitido finalmente al productor utilizar este medio de pago para afrontar la fianza que le impuso, pero ha rechazado rebajarle la cantidad reclamada atendiendo al riesgo de fuga y dada su capacidad económica. Moreno, que tenía hasta las 15.00 horas de este jueves para depositar la fianza, ha reconocido tener una capacidad económica de 23 millones de euros, según indica la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el informe en el que apoyó que se admitiera el abono mediante fianza hipotecaria, y que el juez reproduce en el auto.
En ese informe, el fiscal defiende que no se le rebaje la fianza porque, ante "el inicial estado de la causa" y "la gravedad" de las penas a las que se enfrenta el productor, el riesgo de fuga "late con todo su vigor". A lo que se añaden "las capacidades económicas de las que ha hecho alarde el recurrente a lo largo de la investigación" sobre una presunta estafa de 50 millones de euros. "Dicha capacidad económica (reconocida por el recurrente en cuantía de 23 millones de euros) permite justificar el importe de la fianza, por cuanto que, de ser más modesta, la convertiría en ineficaz a los fines pretendidos", señala el fiscal.
Cree además que existen "suficientes indicios de la participación del imputado en conductas constitutivas al menos de estafas reiteradas, falsedad documental, contra la Hacienda Pública e integración en organización criminal". "Efectivamente, los indicios que condujeron a la detención del imputado recurrente se han fortalecido tras las tomas de declaraciones policiales y judiciales de otros investigados, que no vienen sino a confirmar las iniciales hipótesis de imputación, y sin perjuicio del resultado del análisis de la abundante documentación incautada", destaca el informe. Al responder al recurso, el juez coincide con el fiscal en que la cantidad en que se fijó la fianza se estimó proporcionada "conforme a las condiciones económicas y posibilidades del investigado".
En el recurso para rebajar la fianza, su abogado alegó que su defendido tiene 74 años, arraigo en España, carece de antecedentes policiales y judiciales y "es una persona con relevancia pública, que viene operando en el sector del espectáculo desde hace más de 40 años, siendo conocida internacionalmente su labor en el ámbito de la producción audiovisual". En sentido destacó además que actualmente "se encuentra desarrollando como productor ejecutivo un proyecto audiovisual cuya eventual cancelación supondría un grave perjuicio para un importante número de trabajadores implicados".
Además de a Moreno, el magistrado decretó fianzas de 10.000 y 200.,000 euros para los otros nueve detenidos por esta trama que fueron puestos a disposición judicial y que también quedaron en libertad provisional. Con estas detenciones -47 en total en distintas provincias-, la Policía, que inició en 2018 las investigaciones, dio por desmantelada una supuesta red internacional de estafadores que contaba con más de 700 sociedades con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros.
En uno de los autos en los que se autorizaron registros, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional señalaba que José Luis Moreno dirigía el entramado empresarial que actuaba de forma fraudulenta "con el único objetivo de obtener financiación que le permita continuar con su elevado tren de vida". Entre otras actividades ilícitas, el auto destacaba que las sociedades se beneficiaban de los créditos ICO que conceden los bancos desde el inicio de la pandemia, ya que los implicados consideraban que eran "los más fáciles de conseguir".
Según la investigación, continúa el auto, se enviaban remesas de dinero al paraíso fiscal de las Islas Maldivas "con el propósito de ocultar los fondos", así como a otros países como Alemania o la República Checa, país natal de la actual pareja de Moreno, administradora de una de las empresas investigadas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios