Josep Pujol, el único hijo de la familia que no está imputado

    • Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, se encuentran imputados por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer, Marta, Mireia y Pere, y las respectivas esposas de los dos primeros.
    • Los jueces han abierto procedimientos contra ellos por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias.
Citan como imputados a Jordi Pujol, su mujer y tres de sus hijos por fraude
Citan como imputados a Jordi Pujol, su mujer y tres de sus hijos por fraude

Solo uno de los hermanos, Josep Pujol se libra de la imputación de la jueza Beatriz Balfagón. Primero fueron el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola. Después se supo que dos de sus hijos, Oriol y Jordi también tenían cuentas que habían ocultado a Hacienda y a partir de ahí fueron cayendo como fichas de dominó sus otros hermanos: Oleguer, Marta, Mireia y Pere. La juez balear también ha abierto causa contra las respectivas mujeres de Oriol y Jordi.

Dos jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein han abierto procedimientos en los últimos meses contra ellos por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias, y en cuatro de ellos los miembros de la familia tienen ya formalmente la condición procesal de imputados.

La causa con un mayor número de miembros encausados es la que instruye la responsable del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, que interrogará el 27 de enero como imputados al exjefe del Govern; su esposa, Marta Ferrusola, y los hijos Marta, Mireia y Pere.

A los cinco se atribuye un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales en el marco de la causa que se abrió en septiembre después de que el sindicato Manos Limpias se querellara contra Pujol por confesar que había tenido dinero sin declarar en el extranjero más de 30 años, proveniente supuestamente de una herencia de su padre.

Las imputaciones se han producido después de que las declaraciones de Hacienda remitidas por la Agencia Tributaria revelaran que Oleguer y Mireia Pujol duplicaron prácticamente su patrimonio en 2012: el primero incrementó sus ingresos de 4,9 a 9 millones de euros, mientras que su hermana Mireia pasó de 322.294 euros en 2011 a 584.424 en el ejercicio siguiente.

Además, el juez de Liechtenstein Michael Jhle investiga al expresidente por un presunto delito de blanqueo de capitales, y Balgagón, en su auto de este martes, libra una comisión rogatoria al país para que le informe sobre las cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo que tengan en el país el matrimonio y sus hijos.Oriol Pujol y el caso ITV

La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, mantiene imputado también al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol en la causa que investiga la concesión irregular de estaciones de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Catalunya, y entre los delitos que se le imputan están los de cohecho y tráfico de influencias.

La juez cree que se aprovechó de "sus múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas; a cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento.

De esta forma, su empresa, Alta Partners, recibió al menos 699.752 euros en siete años por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony, además de varias operaciones de colaboración con Seat y asesoramiento en el análisis del sector de centros deportivos.Jordi Pujol hijo

El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, está imputado junto a su esposa, Mercè Gironès, en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para determinar si el matrimonio y tres empresas de su propiedad recibieron comisiones ilegales a cambio de mediar en la adjudicación de contratos públicos.

El magistrado, que les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal, también interrogó como imputados el 12 de noviembre a los suegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironès y Mercè Riera, así como a su cuñado, Ramon Gironès Riera.

En un auto dictado en octubre Ruz revelaba que, seis días después de ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Ferrusola movió 2,4 millones de euros desde una cuenta en Andorra hasta otra radicada en México; ante el juez, sin embargo, el imputado aseguró el 15 de septiembre que no tenía cuentas en el extranjero.

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que obra en el procedimiento, Pujol Ferrusola y su esposa pudieron recibir estas "millonarias comisiones no justificadas" por intermediar supuestamente en operaciones urbanísticas e inmobiliarias, participar en la compra y venta de participaciones mercantiles y ofrecer asesoramiento sobre distintos negocios.

La causa se inició a raíz de la denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola María Victoria Álvarez, que aseguró que había acompañado a éste a bancos de Andorra para llevar bolsas repletas de billetes de 500 euros: "La gente no va por la vida así", aseguró el imputado ante el juez, según fuentes de su defensa.Oleguer Pujol y paraísos fiscales

La otra causa contra la familia la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que imputa a Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias; entre ellas, la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 ordenó el 23 de octubre varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero así como 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones.

También investiga la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria; y las pesquisas también se centran en la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

El instructor abrió esta causa el 1 de octubre después de admitir parcialmente a trámite una querella que habían presentado Podemos, Guanyem Barcelona y otros colectivos políticos y sociales de Catalunya.

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