Jóvenes hondureños pedirán en marcha el desarme población y cese de violencia

  • Unos 4.000 jóvenes hondureños caminarán de 8 al 10 de junio próximo desde Tegucigalpa al municipio de Talanga, en Francisco Morazán, para pedir al Gobierno el desarme de la población civil y que cese la violencia en el país, que registra un promedio de 19 muertes diarias.

Tegucigalpa, 30 may.- Unos 4.000 jóvenes hondureños caminarán de 8 al 10 de junio próximo desde Tegucigalpa al municipio de Talanga, en Francisco Morazán, para pedir al Gobierno el desarme de la población civil y que cese la violencia en el país, que registra un promedio de 19 muertes diarias.

En la caminata, titulada "Samaritanos por amor" y organizada por la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de la iglesia Católica, los jóvenes caminarán durante tres días, desde Tegucigalpa a Talanga, unos 55 kilómetros al noroeste de la capital hondureña.

Uno de los organizadores de la caminata, Marvin Cruz, dijo hoy a Efe que en la marcha exigirán al gobierno que presidente Porfirio Lobo "un desarme de civiles y que cese la violencia en Honduras", que en 2011 registró una tasa anual de homicidios de 86,5 por cada 100.000 habitantes, según el estatal Comisionado de los Derechos Humanos.

Agregó que la caminata, que se realizará este año a solicitud del párroco de Talanga, Miguel Mejía, será una demostración del fervor religioso y "es una oportunidad para hacer conciencia a los hondureños de que todavía se puede cambiar el clima de violencia que abate a Honduras".

"Queremos hacer conciencia a toda la ciudadanía y que vean que no todos los jóvenes son delincuentes", indicó Cruz, quien señaló que está es la octava marcha que realizan en los últimos años para pedir por la paz en el país.

Las otras caminatas se han realizado de Tegucigalpa al municipio de Cedros, al oriente de la capital hondureña, Danlí -en dos ocasiones- y Juticalpa (oriente), Choluteca (sur), Comayagua (centro), y la Esperanza (occidente).

La violencia en Honduras dejó 46.450 muertes entre 2000 y 2011, de las cuales 12.838 se registraron en los primeros 23 meses del gobierno de Lobo, según cifras del Comisionado de los Derechos Humanos.

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