Jpd dice que el informe del cgpj confirma la “preocupación” ante el recorte de libertades

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) aseguró este viernes que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que advierte sobre la inconstitucionalidad de diversos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy confirma la “preocupación” los sectores jurídicos ante los recortes de libertades.
En un comunicado JpD, afirma que la nueva regulación supone “graves limitaciones” de los derechos de manifestación, de reunión, de información y de la libertad de expresión. Además, representa “un serio retroceso” que nos lleva a concepciones propias de un Estado autoritario.
La asociación de jueces considera que para el Gobierno, “el ciudadano que protesta es el enemigo”. Sin embargo, “en una democracia constitucional no puede verse de forma negativa que las personas ejerzan sus derechos fundamentales”.
"FALTA DE RESPETO"
JpD afirma, además, que la posibilidad de limitar las zonas en la que se pude ejercer el derecho de manifestación es la “última muestra de la falta de respeto a la posturas de los distintos grupos sociales” por parte de algunos poderes públicos.
“Con ello, se pretende invisibilizar las protestas y vaciarlas de contenido. Sin embargo, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, el lugar en el que se ejercen los derechos fundamentales tiene una importancia sustancial para exteriorizar de forma clara las distintas opiniones”, señala la asociación.
La ley de Seguridad Ciudadana pretende convertir “en un conflicto de orden público lo que es una situación de desavenencias sociales inherente a un sistema democrático. De esta forma, “en lugar de respetar las distintas formas de expresión de la disconformidad, el Gobierno ha optado por la represión de las críticas y por buscar fórmulas para que estas no sean visibles”.
Para JpD, “resulta abiertamente contrario a la Constitución que se puedan practicar detenciones por la comisión de faltas administrativas y que la policía pueda realizar retenciones sin causa tasada y justificada”.
Por otro lado, “la prohibición de difusión de imágenes de los agentes en el ejercicio de sus funciones vulneraría el derecho fundamental de información e imposibilitaría que se puedan conocer excesos en el uso de la fuerza”.
SANCIONES DESORBITADAS
La asociación critica que se castiga con sanciones económicas “desorbitadas” formas pacíficas de ejercicio del derecho de manifestación.
Asimismo, se pretende “huir del control judicial, ya que nuestros tribunales han considerado que no constituyen infracción penal las manifestaciones ante edificios oficiales, los escraches pacíficos o determinadas acciones contra los desahucios”.
Por todo ello, JpD asegura que el Gobierno pretende “reservarse la potestad de castigar directamente esas conductas”. En conjunto, la reforma que se impulsa resulta “contraria a la pluralidad propia de una democracia constitucional y supone un inquietante ataque a nuestro sistema de derechos fundamentales”.