Juan Carlos Campo, el que fuera secretario de Estado de Justicia en el anterior Gobierno de Zapatero, será el nuevo ministro de Justicia, encargado de poner orden en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de ser renovado, y sustituir a Carlos Lesmes al frente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. Su nombramiento ha sido el último de todos los miembros del nuevo Ejecutivo que se han ido desgranando en los últimos días, hasta completar 18 ministerios y cuatro vicepresidencias.
Campo ha sido vocal del CGPJ y portavoz del PSOE en la comisión de justicia del Congreso de los Diputados durante las últimas legislaturas. Originario de Osuna, Sevilla, lleva en la carrera judicial más de 30 años, ya que accedió en 1987. Su nombre ha estado siempre en todas las quinielas que se han hecho para llegar a la cartera de ministro de Justicia, dado su estrecha relación con el partido y su conocimiento de todos los asuntos candentes que le quedan por resolver a la Justicia.
Magistrado, doctor en Derecho, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación , es autor de monografías y obras colectivas de Derecho Penal, entre las que destacan las dedicadas a la represión del terrorismo. Actualmente, es magistrado de la sección penal de la Audiencia Nacional en servicios especiales. Diputado por la provincia de Cádiz en el Congreso, ha ocupado puestos de alta responsabilidad en la gestión pública como la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía y la secretaría general de Relaciones con el Parlamento andaluz, hasta llegar a la secretaría de Estado en el Ministerio de Justicia con Zapatero. Ha sido portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en tres legislaturas.
El presidente del Gobierno ha optado por una baza segura en el campo de la Justicia, dada la envergadura de la tarea que el nuevo ministro debe afrontar en esta legislatura. Más allá de todas las diatribas judiciales que se tengan que sufrir con Cataluña sobre las que el Poder Ejecutivo debe presentar el máximo respeto y acatamiento, sobre las espaldas del nuevo ministro va a caer la renovación del órgano principal de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder judicial.
Para ello necesitará grandes dosis de negociación política con el PP. La situación de parálisis política que ha vivido el país en los últimos meses ha pasado factura al sector la judicatura y se ha dejado sentir especialmente en el CGPJ, el cual permanece en funciones desde diciembre de 2018, momento en que terminó el mandato de Carlos Lesmes. Desde entonces, el también presidente del Tribunal Supremo se ha dirigido en numerosas ocasiones a la clase política para pedir el inmediato desbloqueo de la situación.
La renovación llegó a estar muy avanzada entre PP y PSOE a finales de 2018, con Manuel Marchena como candidato para sustituir a Carlos Lesmes, pero unas filtraciones de última hora dieron al traste con toda la negociación y provocaron el primera gran fiasco de la anterior ministra en el cargo, Dolores Delgado. El Tribunal Supremo también sufrió serios varapalos en su reputación a la hora de afrontar sentencias como la del Impuesto de las Hipotecas, en las que fue corregido incluso por el propio Sánchez, o la sentencia que debe llegar en breve sobre el IRPH como índice de las hipotecas, donde el abogado general ya a opinado en contra del TS español.
Otro de los asuntos más urgentes que tendrá que asumir el nuevo ministro será la sustitución de la Fiscal General del Estado, María José Segarra, toda vez que ha sido uno de los grandes azotes de los partidos independentistas catalanes y el presidente persigue ahora una época con más diálogo y menos judicialización de ese conflicto político. Como colofón, Juan Carlos Campo también debe afrontar los cambios del Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora, donde volverán a ser capitales las negociaciones parlamentarias puesto que acaban de expirar los cargos de cuatro de los doce integrantes del tribunal de garantías, entre ellos el de su actual presidente Juan José González Rivas.
Uno de los grandes problemas crónicos que afectan a la cartera de Justicia en los últimos años es la falta de medios. Existen graves problemas de plantilla y de medios materiales que ralentizan el funcionamiento de los juzgados. Los sindicatos y las asociaciones del sector han criticado la lentitud a la hora de sustituir la vacantes que surgen en la plantilla de funcionarios de la Administración de Justicia, de la misma manera que han surgido grandes problemas en la plataforma informática que pretende agilizar su trabajo. Los jueces de instrucción siempre se han quejado de que en muchas ocasiones no tienen soportes administrativos para avanzar en las investigaciones, sobre todo a la hora de elaborar informes periciales.
El legado que Juan Carlos Campo recibe de su antecesora en el cargo no es el más idóneo de todos, algo que justifica que su cartera haya sido la última en adjudicarse y sobre la que más dudas se han suscitado en Moncloa.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios