Juan Carlos I ha dado un paso adelante y ha presentado una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria. El Rey Emérito ha satisfecho un monto total de 678.393,72 euros para saldar las cuentas pendientes con el fisco en el marco de la causa relativa a las presuntas tarjetas opacas. Así lo informa su defensa, que ejerce el despacho de abogados Sánchez-Junco, en un comunicado en el que precisa que el Monarca queda "como siempre" a disposición del Ministerio Fiscal. Con este gesto, el padre de Felipe VI se garantiza evitar la apertura de una causa penal, teniendo en cuenta que las diligencias de la Fiscalía del alto tribunal no están judicializadas.
"S.M el Rey Don Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, en el día de hoy, ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria ya satisfecha por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos", reza la nota. El anuncio de este movimiento se produce mientras el Emérito se encuentra en Abu Dabi y tras conocerse, según publicó el diario El Mundo, que tenía intención de regresar a España pese a las reticencias que habría mostrado Zarzuela.
La regularización hecha efectiva este miércoles corresponde a la cuantía que debía haber abonado al fisco por usar unas tarjetas supuestamente opacas entre los años 2016 y 2018, esto es, cuando ya no era Jefe del Estado y, por tanto, había perdido la inviolabilidad. Se trata de unas diligencias que arrancaron en Anticorrupción y que el órgano que dirige Alejandro Luzón derivó ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al tratarse de una persona aforada. Así lo adelantó eldiario.es el cual explicó que los gastos efectuados con estos plásticos superaron los 275.000 euros en un solo ejercicio, lo cual, al situarse por encima del umbral de los 120.000 euros, sería constitutivo de delito fiscal.
Excusa absolutoria
Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que la regulación fiscal que ha hecho el Rey Emérito se conoce como "excusa absolutoria" y viene recogida en el artículo 305.4 del Código Penal. El mismo determina que se considera que la situación tributaria queda regularizada cuando se haya procedido al pago de la deuda antes de que por la Administración Tributaria se le notifique el inicio de actuaciones o bien antes de que se interponga querella o denuncia contra él. En el caso que nos ocupa, y según informan fuentes fiscales, estas diligencias estaban muy avanzadas pero todavía no se habían judicializado. De ahí que este pago que ahora hace efectivo el Rey Emérito cierre la puerta a la apertura de una causa penal en el Tribunal Supremo.
Estas segundas diligencias que dirige el fiscal de Sala especializado en delitos económicos, Juan Ignacio Campos, se centraron en esclarecer los gastos que miembros de la Casa del Rey (entre los que no se encuentran los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz) efectuaron con unas tarjetas de las que no eran titulares y que estaban sufragadas por un tercero. Se trata del magnate mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo íntimo del Emérito que costeó una serie de gastos y regalos los cuáles no fueron declarados a Hacienda. De hecho las pesquisas apuntaron que se habría utilizado como testaferro al teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza.
Tres investigaciones en Fiscalía
Con todo, esta es la segunda de un total de tres diligencias abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo también relacionadas con la fortuna oculta en el extranjero del Emérito. De hecho, las pesquisas derivan de una primera investigación inicial que abrió Anticorrupción en 2018. La misma se produjo a tenor de las confesiones de Corinna Larsen con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Las grabaciones del policía dieron lugar a la apertura de la quinta pieza del caso Tándem pero ésta se ha archivado hasta en dos ocasiones. La revelación de la examiga íntima del Emérito en la que dijo que éste le pidió que actuara como testaferro en algunas de sus cuentas derivó en una investigación en Anticorrupción. El objetivo se centró en esclarecer también si el consorcio español que se adjudicó la faraónica obra del AVE La Meca-Medina pagó comisiones por ello.
Las investigaciones pusieron de manifiesto que el Emérito cobró en 2008 una donación de 100 millones de dólares del fallecido rey Abdalá de Arabia Saudí. Esta cuantía la gestionó a través de la Fundación Lucum, una sociedad que gestionó Arturo Fasana y su socio, el abogado Dante Canónica. Cuatro años después, en 2012, el Monarca ingresó esta cuantía (unos 65 millones de euros) en una sociedad de Corinna Larsen. Lo hizo, según argumentó la alemana en la investigación abierta en Suiza, a modo de regalo por el cariño que le tenía a él y a su hijo. Ahora, estas pesquisas, que están muy avanzadas, se siguen en el Supremo, mientras la parte relativa a los empresarios españoles ha retornado a Anticorrupción en aras a indagar la posible comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales.
Sobre este asunto, las fuentes consultadas explican que sería muy complicado abrir causa penal al tratarse de unos hechos que ocurrieron mientras era inviolable. Ahora bien, todavía queda una tercera investigación que afecta a las cuentas del Emérito. Se trata de unas diligencias que, a diferencia de las otras dos, se abrieron directamente en la Fiscalía del alto tribunal tras recibir un informe del Sepblac. En el mismo se dio cuenta de la presunta comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales en relación con el hallazgo de un dinero oculto en la Isla de Jersey. Según informaron en un encuentro con la prensa la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se trata de un asunto que, a diferencia del resto, se encuentra en estado "embrionario".
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