SOS del Poder Judicial a Europa. Tres de las cuatro principales asociaciones de jueces del país -que representan a unos 2.500 del total de magistrados- han presentado un escrito ante la Comisión Europea en el que reclaman medidas para evitar el "apagón" del CGPJ y la "sumisión" del Poder Judicial al Gobierno de turno. La petición la enmarcan ante el "riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España" a tenor de los cambios legislativos impulsados por los grupos parlamentarios socios del Ejecutivo con los que pretenden reformar el sistema de elección de vocales así como limitar sus actuaciones mientras estén en funciones.
El escrito va dirigido a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Věra Jourová, y al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders y en él las asociaciones advierten de la paulatina pérdida de independencia del Poder Judicial. Según explican, en lugar de impulsar una reforma que garantice una adecuación a los estándares europeos, el Poder Ejecutivo va en la línea contraria. Al respecto razonan que la primera reforma legal, que afecta al CGPJ en funciones y que ya está en vigor, prevé un "apagón" del órgano de gobierno de jueces porque les deja sin funciones de designación de cargos judiciales hasta que se renueve el órgano mientras que la segunda reforma prevista rebaja la mayoría exigida para la designación de los nuevos vocales.
Esto implica, según denuncian, que los partidos del Gobierno pueden decidir "por sí solos" la íntegra composición del CGPJ ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 estipuló que las cámaras legislativas eligen a los 2o vocales del CGPJ (incluidos los 12 de procedencia judicial). Se trata de un modelo que avaló el Tribunal Constitucional aunque con el matiz de que la condición de constitucionalidad pasaba por que las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria. "Después de 35 años, los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades. Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas", reza el escrito.
Las asociaciones se hacen eco de la situación de parálisis actual para renovar el órgano de gobierno de jueces en tanto explican que el proceso de renovación del CGPJ se inició hace más de dos años y medio, cuando venció el mandato de Carlos Lesmes. Insisten en que desde entonces los principales partidos políticos son los que han tomado las riendas de las negociaciones y no el Congreso de los Diputados o el Senado, de manera que su papel se ha visto anulado frente a la actuación de las fuerzas políticas. Cabe recordar que hace apenas unas semanas el último intento de acuerdo para renovar el órgano parecía una realidad, si bien este se terminó truncando de nuevo ante los vetos que los equipos negociadores impusieron a los candidatos propuestos por ambas partes.
En lo que respecta a las reformas que limitan su actuación, los jueces -que ya mostraron su rechazo en el Pleno del CGPJ- denuncian que el legislativo sigue adelante sin ni tan siquiera escuchar el dictamen de la Comisión de Venecia. Además, en lo que respecta a la limitación de actuación del CGPJ en funciones, el comunicado insiste en que no han recabado la opinión del propio Poder Judicial pese a que pidió expresamente poder pronunciarse sobre estos cambios que regulan su actuación. Al respecto aluden de nuevo a las recomendaciones del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) en relación a que "no hace falta decir que los jueces deben ser consultados y tener voz" en las reformas que les afecten de manera directa.
Las ayudas de la UE
Las asociaciones apelan también al Reglamento del Parlamento Europeo y proponen que las ayudas europeas estén sujetas a su cumplimiento. En concreto, a que en los países miembro se actúe "de conformidad con los valores de la democracia y del respeto de los derechos fundamentales" establecidos por la UE y bajo el control de órganos jurisdiccionales "independientes e imparciales". Se refieren expresamente a la necesidad de que exista separación de poderes y respeto a la independencia judicial. "Asumimos que los jueces nacionales somos esencialmente también jueces europeos, que aplican el Derecho de la UE, razón por la que ésta, incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), debe vigilar la independencia del Poder Judicial en todos los Estados miembros como una de las exigencias del Estado de Derecho", añaden las asociaciones.
Por todo ello, además de comunicarles sus inquietudes, piden que insten al Gobierno de España a abordar las reformas legislativas para garantizar la independencia del Poder Judicial; que sujeten las ayudas europeas al cumplimiento del Reglamento en materia de separación de poderes y que inicie el procedimiento previsto en el Tratado de la UE en aras a constatar "el riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España".
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