Jueces y fiscales claman contra Catalá por criticar la sentencia del caso 'La Manada'

  • Califican de "escandalosa" la actitud del ministro al afirmar éste que el juez que emitió el voto particular discrepante tenía "algún problema".
Catalá está "convencido" de que "en estos días" se va a "acabar comprobando" que las leyes "se cumplen por todos"
Catalá está "convencido" de que "en estos días" se va a "acabar comprobando" que las leyes "se cumplen por todos"
EUROPA PRESS

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han solicitado en bloque la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus declaraciones sobre el juez que emitió un voto discrepante en la sentencia de La Manada, en las que insinuó que "tiene algún problema singular" que "todos" saben. No es habitual que asociaciones de distinto perfil ideológico se unan para pedir la dimisión del ministro.

Previamente, los jueces y magistrados de Navarra y las secciones territoriales de diversas asociaciones judiciales calificaron de "escandalosa" la actitud del ministro y consideraron que sus palabras deberían "provocar su inmediata dimisión".

Esta respuesta se produce después de que el ministro haya afirmado que el juez Ricardo González, autor del voto discrepante, "tiene algún problema singular" y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él. Tras recordar que Catalá es el "único" ministro de Justicia reprobado en la democracia, los firmantes del comunicado critican sus declaraciones "sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional". Acusan al ministro además de exigir "responsabilidades políticas" y de apuntar que este magistrado tiene "algún problema particular" con "la clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos".

En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales consideran que las manifestaciones de Catalá representan una intromisión del Gobierno en las resoluciones judiciales, cuando, a su juicio, simplemente se debería limitar a "respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".

"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", opinan las asociaciones.

Creen que Catalá ha sembrado "públicamente dudas sobre la capacidad y condición" del juez Ricardo Javier González, que emitió un voto particular discrepante a favor de la absolución de los cinco integrantes de La Manada y en contra de la sentencia mayoritaria, que les condenó por abusos sexuales, y no agresión sexual, a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.

El "verdadero peligro", sostienen las asociaciones, es "la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor".

Jueces y Juezas para la Democracia ya pidió el pasado 28 de abril el cese de Catalá por sus "inadmisibles" declaraciones en las que pedía la revisión del voto particular del magistrado por el CGPJ. Una postura a la que ahora se han unido el resto de asociaciones.

Por su parte, previamente a esta declaración, los jueces y magistrados de Navarra y las secciones territoriales de diversas asociaciones judiciales destacaron que "el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado".

Por ello, dicen, "resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al Poder Judicial". Además, tras sostener que el Estado de derecho se sustenta en el respeto a la Ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los jueces y magistrados, consideran que en una sociedad es fundamental "la confianza y el respeto hacia las instituciones".

Por eso, las decisiones judiciales, dicen estas asociaciones y jueces navarros, están sometidas a la crítica pública pero esta "no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones", afirmaron.

La reacción de CGPJ

Tras las declaraciones de varios ministros sobre la sentencia que condenó a los miembros de 'La Manada' y en las que se cuestionaba al juez que pidió la absolución de los ya condenados, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado en el que se pide moderación, prudencia, mesura y responsabilidad institucional.

Reclama evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/juezas y magistrados/as que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad.

"Parece evidente que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria, pero esos mismos acontecimientos hacen igualmente evidente que es necesario dirigir ese esfuerzo por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos", concluye.

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