Madrid, 17 jul.- Los jueces de la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional consideran que no se deberían acometer las obras de rehabilitación de su sede actual que obligan a su traslado temporal a otros edificios del tribunal y cuyo coste, afirman, asciende a 40 millones de euros.
En un comunicado, los seis jueces centrales de instrucción subrayan que el edificio actual de la calle Génova de Madrid "hasta la fecha ha permitido desarrollar adecuadamente el trabajo de los juzgados" y rechazan su rehabilitación en el actual contexto económico.
A este respecto, se refieren al real decreto ley de ajustes por valor de 65.000 millones de euros aprobado el pasado viernes por el Gobierno que establece la necesidad de "mejorar la eficiencia de las administraciones públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria".
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia han afirmado a Efe que el coste de la remodelación no alcanzará en ningún casos los 40 millones de euros que mencionan los jueces, y que el presupuesto inicial de 14 millones de euros que ya aprobó el anterior Gobierno sólo se verá incrementado en alrededor de otros cuatro millones para optimizar las instalaciones.
Asimismo, las mismas fuentes han explicado que la rehabilitación de la Audiencia Nacional amortizará el gasto en alquileres que tiene el tribunal, que asciende a 2,5 millones de euros anuales, en su sede de la calle Prim y en otros dos pisos de las calles Miguel Ángel y Génova.
Los instructores de la Audiencia Nacional explican en su comunicado que, mientras los cerca de dos años que durarán las obras, la sala de lo penal, los Juzgados y la Fiscalía deberán ser trasladados a la sede de la calle Prim, hasta ahora ocupada por la sala de lo contencioso-administrativo.
A ello se unen "continuos desplazamientos" al edificio de San Fernando de Henares para la celebración de juicios, guardias, declaraciones y comparecencias.
En este sentido, recuerdan que en la Junta de Jueces de la jurisdicción penal celebrada el 6 de julio ya se pusieron de manifiesto "los graves problemas que tal traslado generaría ante la clara deficiencia del edificio de Prim" y las circunstancias del de San Fernando, "donde el transporte público es inexistente y supondrá graves pérdidas de tiempo".
Y ello sin contar con que la propia Comisaría de la Audiencia Nacional ya ha informado de que la sede de Prim "no podrá prestar la seguridad oportuna".
Los traslados generarán "múltiples" gastos y dietas, al que se suma el alquiler del inmueble de Prim que "habrá que seguir abonando en tanto se ejecuten las obras del nuevo edificio".
Por todo ello, estiman que "no se debería acometer la obra de la Audiencia Nacional, continuando en el edificio actual, acometiendo exclusivamente las mínimas obras que garanticen la seguridad e higiene en el trabajo".
El proyecto de remodelación de la Audiencia Nacional fue aprobado por el anterior Gobierno y pretende unificar en dos únicas sedes los cinco edificios en los que actualmente están dispersos los órganos y servicios del tribunal.
La primera de las sedes se mantendrá en el edificio actual de la calle Génova de Madrid, en el que se hará una reforma integral pensando ya en la nueva organización de la Oficina Judicial y en los distintos profesionales que trabajan en los diferentes juzgados de la Audiencia Nacional.
La segunda sede se ubicará en la calle Goya y acogerá, entre otros, los juzgados y salas de lo contencioso-administrativo y lo social, los servicios comunes procesales y los despachos de la Abogacía del Estado; y, además, se mantendrá el edificio de San Fernando de Henares para la celebración de los macrojuicios.
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