Insólita y pésima gestión. Así han calificado tres de las cuatro asociaciones de jueces los últimos acontecimientos ocurridos en el Tribunal Supremo en torno al debate de la asunción de los gastos hipotecarios que se zanjó ayer con un duro mazazo a los clientes. A su juicio, el responsable de esta crisis es el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, y por ello piden que dimita de inmediato.
La mayoritaria Juezas y Jueces para la Democracia (JyJPD) ha denunciado en una nota que el presidente de la Sección Tercera provocó el “desconcierto” de la ciudadanía al decidir avocar a Pleno un asunto sobre el que ya existía una sentencia firme y cuyo resultado ha sido el viraje de la misma y el retorno a la jurisprudencia vigente los últimos 20 años que carga estos impuestos a los usuarios.
Idéntica queja han efectuado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que consideran que convocar el Pleno para decidir el alcance de lo establecido en la sentencia favorable a la Empresa Municipal de Viviendas (EMV) de Rivas-Vaciamadrid no solo generó una alarma social en la ciudadanía sino también en los miembros de la carrera judicial.
El Pleno de la discordia que ayer zanjó el debate con un ajustado resultado de 15 votos frente a 13 a favor de que paguen estos impuestos los clientes, debió avocarse desde el inicio y no una vez resuelta la cuestión, por mucho que se insistiera en que la sentencia no se iba a estudiar porque ya había adquirido firmeza.
Es más, esta decisión -que también atribuyen al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes- contraviene, según explican, los artículos 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), altera la correcta marcha procesal de los asuntos, y sume en el desconcierto a la ciudadanía y a los interesados.
El sistema de elección de jueces, "viciado de base"
Además, aseguran que la decisión de que 28 de los 31 magistrados de lo Contencioso estudiaran el alcance de una resolución acordada por jueces de la misma Sala expertos en tributos ha "arrojado dudas” sobre la independencia del Tribunal Supremo y ha provocado, "desasosiego" primero y después "desazón" con esta cuestión de calado que afecta a más de un millón y medio de clientes.
De ahí que hayan aprovechado una vez más su eterna reivindicación de que se reforme la LOPJ para cambiar el actual sistema de elección de vocales por el Consejo General del Poder Judicial, "viciado de base". A su juicio, la injerencia en este asunto judicial del poder legislativo hace que predominen los "criterios de afinidad ideológica o afinidad personal".
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