La mayoría de las asociaciones judiciales no está conforme con la propuesta de reforma de elección de vocales que ha registrado hoy PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Los juristas consultados por este diario consideran que va en la dirección contraria a lo aconsejado por Europa y que se traducirá en una pérdida importante de independencia judicial teniendo en cuenta que la proposición de ley recoge que si en una primera votación no se consiguen los 3/5 del Congreso y del Senado, en una segunda votación bastará con lograr mayoría absoluta de la cámara baja. Se trata de una alternativa que, a su juicio, limita el debate parlamentario y resta todavía más la capacidad de elección de los propios jueces.
La respuesta se produce después de que los dos partidos en el Gobierno hayan registrado en la cámara baja su proyecto de ley para modificar el sistema de elección de vocales del órgano de gobierno de jueces. Las dos formaciones consideran relevante reformar la normativa actual para desbloquear la parálisis en la renovación de los órganos; situación que achacan a la negativa a negociar del Partido Popular. De este modo, la iniciativa incluye dos cambios de calado en la Ley Orgánica del Poder Judicial: por un lado, la posibilidad de que la mayoría del Congreso elija la renovación del CGPJ en caso de que el acuerdo no se alcance con los 3/5 de las cámaras y, por otro, limitaciones en la capacidad de actuación del órgano de gobierno de jueces una vez prescriba el mandato legal.
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria consideran que esta proposición (que no se tramita como proyecto de ley) es un "disparate" porque va "en sentido contrario" a lo que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. En la actualidad, los miembros del CGPJ se eligen por mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado. De los 20 vocales, 12 se eligen entre jueces y magistrados y los 8 restantes entre juristas de reconocido prestigio. La reforma que PSOE y UP esperan tener lista en dos meses, y que permite elegir por mayoría absoluta a los 12 primeros, "deteriorará la imagen de independencia" porque no será necesario el consenso político, según explica a este diario el portavoz de AJFV, Jorge Fernández Vaquero.
"No corresponde a los jueces poner leyes"
Se trata de unas críticas a las que se suma Foro Judicial Independiente, desde donde entienden además que la iniciativa "tiene muchas posibilidades" de terminar con un recurso de inconstitucionalidad. Su presidenta, Concepción Rodríguez, apunta en la misma dirección y sostiene que es "una vuelta de tuerca" a las recomendaciones de Europa, las cuáles van encaminadas a que los doce miembros de origen judicial del CGPJ puedan ser elegidos directamente por sus homólogos. Además, no comulgan con el hecho de que los partidos lo hayan registrado en la cámara baja como proposición de ley en vez de tramitarlo el Gobierno como proyecto de ley. En este segundo escenario se harían necesarios los informes preceptivos del CGPJ así como del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. "Si ya existe politización, esto es el final", explica la presidenta a este diario.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia no mantienen una actitud tan crítica con los partidos que integran el Ejecutivo actual. Su portavoz, Ascensión Martín, entiende que lo ideal sería poder renovar el CGPJ y otros órganos como el TC o el Defensor del Pueblo en base a lo que estipula la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. "Si esa renovación no es posible porque hay un partido que no se quiere sentar a dialogar, habrá que buscar una solución legal. Podrá ser esta u otra. No nos corresponde a los jueces poner leyes pero en nuestra opinión tiene que haber opción legal", recalca en declaraciones a La Información.
"Laguna jurídica" actual
De este modo, la asociación progresista contempla que las dos propuestas de modificación de la LEPJ son una "posibilidad" ante el bloqueo en las negociaciones de la renovación de los órganos. Sin embargo, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) apunta a un mayor grado de politización del CGPJ y a un ataque a las bases del Estado de derecho puesto que este cambio implica, en su opinión, que el poder legislativo se está excediendo en sus funciones de control del judicial. Añade además que la iniciativa registrada hace una "lectura sesgada" del artículo 122 de la Constitución que regula el funcionamiento del órgano de gobierno de jueces.
Además, advierte que la pretensión es aplicar una reforma a un proceso de renovación del Consejo con carácter retroactivo dado que las negociaciones arrancaron tras terminar el mandato de Carlos Lesmes en diciembre de 2018. Precisamente, el presidente del órgano de gobierno de jueces y del Tribunal Supremo ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de que los principales partidos políticos cerraran un acuerdo en aras a renovar la cúpula judicial. El mismo se vio truncado hace ahora dos años cuando sonaba el nombre de Manuel Marchena como sucesor de Lesmes. Desde entonces, los partidos entraron en una situación de parálisis que se acabó por agravar en agosto, cuando el PP se negó a negociar la renovación tras los ataques a la figura del Rey Emérito por parte de Podemos.
El CGPJ, que había congelado los nombramientos pendientes, a la espera de un acuerdo 'in extremis' terminó por coger las rienda del asunto y nombrar renovaciones de calado en el alto tribunal como son las de tres magistrados de la Sala de lo Penal así como las presidencias de las salas Contencioso, Social y Civil. Un movimiento que ahora pretenden acotar los socios de gobierno con la reforma de la normativa vigente. De ahí que en su propuesta denuncien la "laguna jurídica" en lo que respecta al control del CGPJ toda vez han pasado los 5 años de mandato. Por eso proponen limitar su capacidad de actuación y restringen a un total de siete supuestos su capacidad de respuesta en el órgano hasta que se constituya el nuevo órgano.
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