Comunicado conjunto

Los jueces y fiscales reprochan a Lesmes la gestión de la crisis y piden su dimisión

  • Las cuatro asociaciones de magistrados y dos de fiscales denuncian la respuesta "tardía y confusa" del CGPJ y piden medidas ante el coronavirus.
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. /EFE
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. /EFE

Las cuatro asociaciones de magistrados en bloque y dos de fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian la "respuesta tardía, confusa y obstruccionista" del CGPJ a la crisis sanitaria por el coronavirus. En su nota piden al órgano de gobierno de jueces que modifique de forma inmediata el acuerdo del pasado miércoles (que dejaba libertad de decisión a cada órgano judicial) y que se adopten medidas "concretas y globales" para todo el territorio nacional. De lo contrario, consideran que Carlos Lesmes debería dimitir como presidente del CGPJ por su gestión de la crisis sanitaria.  

Todas las asociaciones de la carrera judicial, a excepción de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), entienden que la decisión acordada el pasado miércoles en la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente ha traído "caos, riesgo para la salud y desigualdad de trato" en toda España y, especialmente, en Madrid. Lo que piden ahora todos los magistrados y fiscales es que se adopte un criterio de suspensión que sea homogéneo para toda el país en aras a evitar la actual disparidad de criterios sobre si se deben o no suspender las actuaciones judiciales.

Como consecuencia de la situación, la Comisión Permanente se ha vuelto a reunir este viernes y ha acordado suspender todas las actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid, Haro (La Rioja) e Igualada (Cataluña), por ser las zonas con mayor número de contagio hasta el momento. Además, aplica para todos estos territorios el escenario 3 que contempla que se realizarán todas las actuaciones de carácter urgente. Los juzgados de violencia sobre la mujer, por su parte, realizarán los servicios de guardia que les correspondan.

Las asociaciones advierten de que en las últimas horas se han producido "situaciones de verdadero pánico" entre los funcionarios que trabajan en los juzgados de España puesto que la falta de claridad en la respuesta por el coronavirus ha hecho que muchos abogados y miembros de la carrera judicial hayan tenido que ir en persona a los tribunales para saber si las diligencias de sus respectivas causas se suspendían o seguían adelante. Lamentan que ello ha provocado que, al público citado para esas jornadas, se les haya sumado uno  "adicional" preocupado por sus asuntos, lo que hace que la exposición al virus sea mayor.

A falta de conocer si habrá nuevas decisiones, la Comisión Permanente acordó en su reunión del pasado miércoles una serie de instrucciones a seguir aplicables tanto en el territorio nacional como en los territorios más afectados por el Covid-19 (Madrid, La Rioja y Vitoria). Al respecto, se determinó que los jueces podrían suspender las actuaciones pero para ello necesitaban contar con la autorización previa de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional y todos ellos se tendrían que trasladar al CGPJ. 

15 días de 'parón' en la Audiencia

También se acordó aplazar todas las diligencias que no sean urgentes y que se tuvieran que practicar en centros de riesgo y se restringió el acceso de público a los juicios hasta nueva orden. Por su parte, la Audiencia Nacional ya ha movido ficha y ha decidido suspender todas las actuaciones judiciales previstas para los próximos 15 días a contar desde este lunes. Así lo acuerda el presidente de este órgano judicial, José Ramón Navarro, en un acuerdo al que ha tenido acceso La Información y del que se ha dado parte al órgano de gobierno de jueces. 

El documento concluye que la medida acordada por el presidente a solicitud del juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se aplicará en todas las causas excepto en aquellas que sean consideradas "urgentes o inaplazables" así como el servicio de guardia o cualquier otra acción que, de no practicarse, pudiera causar "perjuicios irreparables". Navarro concluye que están siguiendo de este modo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad ante la "imperiosa necesidad" de contener la propagación de este virus. 

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