Jueces para la democracia aboga por la dación en pago

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, afirmó hoy que la dación en pago es “razonable en un momento como el actual”, dado que “hay muchísimas familias que se están quedando sin hogar”.
Bosch criticó en rueda de prensa, celebrada tras su reunión con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que las soluciones para ciudadanos con graves problemas económicos sean “un desahucio o la muerte civil”. Contrapuso esta situación a la de las empresas privadas, que cuentan con mayores mecanismos para poder solventar una situación de desastre económico.
Por ello, entre las reivindicaciones de JpD a la Administración de Justicia se refirió a una Ley de Sobreendeudamiento que incluiría otras medidas para que “estos ciudadanos pudieran tener situaciones, al menos transitorias, a través de pactos de arrendamiento con las entidades bancarias”. Entre otras peticiones destacó también “un proyecto de reforma del poder judicial serio y claro” y “que se ponga en marcha la Oficina Judicial”.
CRÍTICAS AL MINISTRO
Bosch reconoció que “estamos ante una situación muy grave en líneas generales, puesto que todos los estudios de opinión sitúan a la justicia con una imagen especialmente negativa”. Esto se debe principalmente a la “falta de medios, que provoca disfunciones, retrasos y una percepción del ciudadano de que las cosas no funcionan bien”.
A la hora de señalar al principal responsable, apuntó hacia el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al afirmar que “se esperaba que el nuevo ministro de Justicia aportara, como indicó, un proceso de reforma y modernización del sistema judicial. Sin embargo, han pasado más de seis meses y creemos que es momento de poner sobre la mesa que estas expectativas no se han cumplido”.
Desde Jueces para la Democracia aprecian que el Ministerio de Justicia carece de un proyecto definido para modernizar y desatascar la justicia y que su responsable “está actuando más bien a golpe de titular de prensa”, lo que muestra “un desconocimiento de cómo funciona la Administración de Justicia y una visión del ministro de no dejar que la realidad le estropee una buena noticia”.
El portavoz remarcó que en lugar de solucionar los problemas de los ciudadanos, “lo que se está haciendo es limitar el acceso a la jurisdicción, como, por ejemplo, a través del copago judicial, a través de tasas que lo único que van a conseguir es que a la justicia (solamente) puedan acceder las grandes empresas, las entidades bancarias, las grandes fortunas que pueden pagar estas tasas judiciales, pero van a perjudicar a las clases medias y trabajadoras, que van a ver limitado su derecho”.
Por otro lado, alertó de que “detectamos de alguna manera que el Ministerio parte de que está en un Gobierno con mayoría absoluta y que eso pueda implicar que cualquier solución que ellos adopten sea válida”. Por ello, alegó que es evidente que en una reforma integral de la judicatura “se necesita un pacto de Estado, un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, porque estamos hablando de cuestiones esenciales para el conjunto de la sociedad”.
CASO DÍVAR
El otro tema que estuvo sobre la mesa fue el proceso abierto tras la dimisión del anterior presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar. Bosch afirmó que “esperamos que a partir de la dimisión del señor Dívar se abra una etapa de regeneración”.
En este apartado también se reservó una advertencia para Ruiz-Gallardón: “Queremos poner de manifiesto que la actuación del ministro nos parece discutible, puesto que no se puede plantear una reforma con el punto central de asegurar que se quiere despolitizar el órgano de gobierno del poder judicial y, al mismo tiempo, desde el propio Ministerio, haber estado interfiriendo en la autonomía de los vocales para intentar presionar qué es lo que se hacía con esta crisis en el caso Dívar”.
Por ello, le dijo de modo explícito que “debería quedarse al margen del proceso de renovación del Consejo” y “respetar la autonomía del poder judicial”.
Por otro lado, JpD critica que “parece que se está aprovechando esta situación que se ha producido en el Consejo para intentar limitar sus competencias y limitar la capacidad del gobierno del poder judicial. Esto nos parece muy peligroso”.
Finalmente, opinó que el nombramiento del sucesor de Carlos Dívar es “una prioridad absoluta” y consideró necesario que “los vocales puedan consensuar un presidente que cuente con el respaldo de la mayoría, que pueda representar de una manera firme al poder judicial como un elemento esencial en un Estado de derecho”.