Madrid, 11 jul.- El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha recordado hoy al Ejecutivo que la decisión sobre la excarcelación de la presa etarra Inés del Río "no es competencia del Gobierno, sino que es una competencia exclusiva de la Audiencia Nacional".
En declaraciones a EFE, Bosch ha mostrado su disconformidad con las manifestaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien anunció que el Gobierno no dejará en libertad a la presa etarra Inés del Río, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha exigido a España su excarcelación al considerar que se le aplicó la doctrina Parot de forma "irregular".
El portavoz de Jueces para la Democracia ha señalado que no es competencia del Gobierno decidir cómo se cumple o se deja de cumplir una condena y, mucho menos, acordar la libertad o la privación de libertad, puesto que esto es una competencia exclusiva de carácter judicial y, en este caso, de la Audiencia Nacional.
La función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde a los tribunales, ha apuntado Bosch, quien ha reprochado al ministro del Interior su desconocimiento del funcionamiento del Estado de Derecho o su pretensión de "invadir las competencias judiciales", marcando las directrices que considera que deben cumplir los jueces.
Por ello, Jueces para la Democracia ha instado al Consejo General del Poder Judicial a que haga prevalecer la independencia judicial en este tipo de decisiones, que son jurisdiccionales y no le corresponden al ministro del Interior.
Bosch ha recordado que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es vinculante para el Estado español, de acuerdo con sus compromisos internacionales y con la interpretación de su jurisprudencia que hace el sistema judicial español.
El portavoz de Jueces para la Democracia ha apuntado que hay precedentes de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que ha acordado la libertad de una persona condenada y que los tribunales españoles han acabado ejecutando.
Para Bosch, la sentencia del Tribunal Europeo está bien fundamentada jurídicamente, puesto que parte de principios como la irretroactividad de aquellas disposiciones que sean perjudiciales para el reo y que prevalezca la seguridad jurídica.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se mostró contrario a la "doctrina Parot" al asegurar que mantener en prisión a la etarra Inés del Río por una revisión de la duración de la pena es "irregular", por lo que exigió su excarcelación y una indemnización.
Del Río fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, de los cuales 2.232 correspondieron a la ayuda que prestó al comando Madrid, liderado por Ignacio de Juana Chaos, para perpetrar el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que hubo 14 muertos y 40 heridos.
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