Las salas del Tribunal Supremo han sido un hervidero durante la semana siguiente a la sentencia paralizada sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas. No solo los jueces de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, cuya sección segunda emitió el fallo, sino que diversas voces dentro del Alto Tribunal buscan culpables por la pérdida de prestigio y de credibilidad que para la institución supone este caso, y todos apuntan al mismo supuesto culpable: el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo. Tanto es así, que el planteamiento pasaría ahora por buscar de alguna manera la salida del magistrado, aunque eso suponga el aplazamiento ‘sine die’ de la decisión sobre el polémico impuesto.
“Lo más grave de todo este tema es que la dimisión no solo la pide la opinión pública o se especula con ella en los medios, es que son los propios magistrados del Supremo, sus compañeros, lo que quieren que Díez-Picazo se vaya”, aseguran fuentes judiciales cercanas al caso. Más allá de saber si hay una mayoría que lo pida, otras fuentes jurídicas advierten que el mero hecho de que sean los propios jueces quienes lo postulen es ya “suficientemente grave” como para tomárselo en serio, porque es algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la institución.
La primera opción con la que se especula en el seno del Alto Tribunal es que sea el propio Díez-Picazo quien presente su dimisión, algo que cumpliría con los deseos de algunos de los 31 magistrados de lo Contencioso, que prefieren que el cambio de jurisprudencia que se ha planteado sobre un tema con tanto impacto, se haga ya sin la presencia de quien debería haber atajado el tema antes y haber evitado tanta alarma social. El problema que tiene esta primera posibilidad es que el pleno definitivo para tomar la solución quedaría aplazado ‘sine díe’, hasta tener un nuevo responsable de la Sala Tercera.
Dentro de la propia sala se ha generado una segunda vía por parte de un grupo de magistrados, que apuestan por mantener la fecha del día 5 de noviembre para la reunión, pero con un cambio en el orden del día muy significativo: quieren que se vote en primer lugar si ese pleno es legal o ilegal, dado que tenía que haberse convocado antes de conocerse las tres sentencias particulares sobre el caso. Si sale una mayoría que lo declara ilegal (16 de 31 magistrados), la reunión acabaría en ese momento y queda también aplazada, dado que el acto siguiente es la dimisión del presidente de la sala por haberlo convocado.
Usuarios, bancos y Gobierno están a la espera
De una forma o de otra, la rebelión que se ha generado en la Sala Tercera del Supremo puede suponer que ni siquiera dentro de poco más de una semana se pueda zanjar si deben ser los bancos quienes paguen el AJD de las hipotecas, tras varias décadas haciéndolo los clientes que piden los préstamos. Tanto desde el sector bancario, como del lado de las asociaciones de usuarios o de los agentes inmobiliarios, incluso en el ámbito de los registradores y los notarios, se ha detectado un parón en la firma de hipotecas. Algunas fuentes estiman hasta 8.000 casos parados en los bancos a la espera de la decisión judicial.
De otro lado, desde el Gobierno se ha pedido a los jueces “mesura y rapidez” a la hora de dictar desde el Pleno la sentencia definitiva, y tienen todas las miras puestas en el día 5 como fecha tope para hacerlo. La posibilidad de que el plazo se amplíe con la dimisión del magistrado Luis María Díez-Picazo sobre la mesa no estaba entre los cálculos de los ministerios de Economía, Hacienda y Justicia, implicados en garantizar que la decisión final que se tome no vulnere la seguridad jurídica ni provoque situaciones de agravio comparativo.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, se mostraba esta misma semana a favor de que los jueces del Supremo tomaran una sentencia definitiva y completa, de forma que el Ejecutivo no tenga que intervenir para se cumpla sin poner en riesgo la seguridad del tráfico jurídico. Desde el ámbito jurídico se advierte que la clave de la resolución que se tome, antes o después, está en determinar con certeza hasta cuando se puede aplicar el efecto retroactivo de la medida.
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