Los jueces se han plantado en plena crisis por el coronavirus. Tras varios días denunciando que no se les está dotando de material de protección necesario para cumplir los servicios mínimos acordados tras la declaración del estado de alarma, han vuelto a reivindicar que trabajan en malas condiciones. En esta ocasión han dado un paso más y han advertido de que si en 24 horas no se les facilitan los medios para poder realizar su trabajo de manera presencial, acudirán a la Autoridad Sanitaria para pedir que se sustituya esta situación por el teletrabajo.
Las tres asociaciones que firman el comunicado (Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) hacen suya la denuncia de un juez de lo social de Barcelona que ha denunciando ante su órgano superior las condiciones en las que en su juzgado trabajan para cumplir con los servicios mínimos. En su caso, asegura que lo único que han recibido es un gel desinfectante del tamaño de un dentífrico "como medida de protección colectiva". En este caso, tan solo dos magistrados se están haciendo cargo de las actuaciones indispensables del total de 35 juzgados de lo social en la ciudad condal.
Las asociaciones advierten que este reclamo no es solo para proteger a los miembros de la Administración de Justicia sino que también es "una cuestión de salud pública" puesto que se corre el riesgo de que los órganos judiciales y registros civiles se conviertan en focos de infección insanos para los ciudadanos usuarios del servicio público de Justicia. ¿No será más razonable proveer de manera efectiva de medios de protección ante los riesgos de infección que estos acontezcan y creen focos que justifiquen los cierres por la autoridad sanitaria?", se preguntan.
Las situaciones de riesgo se agravan
Las asociaciones recuerdan que en el comunicado del pasado día 11 de marzo ya solicitaban al CGPJ "coherencia en sus instrucciones" y que se cumpliera la normativa en materia de prevención de riesgos en la carrera judicial. Este comunicado se produjo después de que la Comisión Permanente acordara aplicar dos escenarios distintos de actuación en función de los territorios. De este modo, el primer escenario mantenía la normalidad extremando la precaución y el segundo se aplicaba a las zonas más afectadas por el virus. En este segundo caso se dejaba a la elección de cada juez la posibilidad de seguir con las actuaciones judiciales o bien de suspenderlas.
Los firmantes también apelan a la reunión celebrada este martes de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS) del CGPJ. En ella, se habló de la "ausencia absoluta" de medidas de protección individual o colectiva en las sedes judiciales. Los denunciantes hicieron especial hincapié en que desde que el órgano de gobierno de jueces acordara suspender la actividad judicial en todo el territorio y relegarla a los servicios mínimos, se han incumplido "flagrantemente" la protección frente al virus especialmente en el servicio de guardia de los juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer así como en los registros civiles.
Por otro lado, las asociaciones de fiscales también se han plantado ante esta crisis sanitaria asegurando que no se les proporciona del material necesario para enfrentar al virus. Ello hizo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, respondiera este martes asegurando que es necesario continuar prestando los servicios mínimos y que está en manos de Sanidad proporcionar material de protección para todos ellos. "Quiero seguir alentando a todos los/las fiscales para que continúen prestando a la ciudadanía los servicios mínimos que se esperan del Ministerio Fiscal y de todos sus integrantes", apostilla.
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